La Fiscalía provincial del fuero Penal Económico, a cargo de Matías Bornancini, detuvo ayer a un empleado administrativo del Hospital Municipal de Urgencias de la ciudad Córdoba por el supuesto robo de insumos médicos de la farmacia del Hospital Municipal Infantil.
Según detalló el Ministerio Público Fiscal de la Provincia (MPF), la denuncia fue formulada por la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba. A raíz de la presentación del Palacio 6 de Julio, se realizaron una serie de allanamientos en distintos domicilios de nuestra ciudad, entre otros, en el de Carlos Miguel Martínez (empleado administrativo del Hospital de Urgencias).
En la casa de Martinez, se logró el secuestro de una importante cantidad de insumos médicos que, según las pericias realizadas por la Justicia local, pertenecían al Hospital Infantil.
Entre los elementos encontrados, las autoridades informaron que había 140 mamaderas, más de 60 cajas de solución fisiológica, tensiómetros, pañales, barbijos y un tubo de oxígeno, entre otros elementos.
Los objetos secuestrados fueron puestos a disposición de la Secretaría de Salud de la Municipalidd de Córdoba.
Según la hipótesis construída por el MPF, se presume que el empleado municipal se valía de los móviles del Hospital de Urgencias para realizar los traslados y, en lugar de depositarlos en el Hospital Infantil, los desviaba hacia su domicilio. El empleado municipal quedó detenido e imputado, aunque la investigación recién comienza y no se descartan otras medidas.
En otro orden, ayer el fiscal de Instrucción del Distrito Tres, Turno Siete, Raúl Garzón, solicitó la elevación a juicio de tres empleados municipales de Córdoba, que golpearon a un verdulero en el marco de una protesta sindical. El hecho sucedió cuando el hombre pidió que lo dejaran trabajar.
“Se requirió la elevación a juicio de tres acusados, en su momento imputados ante el Juzgado de Control”, explicó Garzón. Y detalló que “se los imputó por lesiones leves calificadas por alevosía y violación de las medidas para prevenir la pandemia”. Asimismo, agregó: “La protesta sindical no puede ir en contra de los derechos de las demás personas”.
En la causa, el verdulero agredido pidió ser querellante. El hecho que se juzgará tuvo lugar en noviembre de 2020, en medio de una protesta del sindicato de empleados municipales, cuando unos manifestantes arrojaron una bomba de estruendo dentro de la verdulería del comerciante y, cuando éste salió a repeler el ataque, fue brutalmente golpeado por los dos imputados que quedaron filmados.