Después de siete meses de audiencias, finalmente culminó el juicio a los miembros de “La Trenza” con 20 personas acusadas de participar en esta organización ilícita que se beneficiaba de remates judiciales. Los hechos que dieron base se remontan a la década de los 90’ hasta 2017 cuando la organización delictiva “copaba” las subastas de la Justicia para hacerse de cuantiosas ganancias.
El juicio se llevó a cabo en la Cámara Décima del Crimen donde se condenó a los líderes de la organización, Walter Bucheme y el martillero Roberto Alfredo Ponce, a siete años y cinco años de prisión respectivamente. Bucheme se llevó la pena más gravosa por ser “jefe y organizador de asociación ilícita” y también por una gran cantidad de delitos contra la propiedad y la fe pública, entre ellos, “autor de uso de instrumento público falso reiterado, defraudación por otorgamiento de contrato simulado”.
Por su parte, también fue condenado el tercer jefe, Ernesto Ariel Cuestas, quien recibió una pena más leve de cinco años de prisión tras haber reconocido los hechos en un juicio abreviado. Según la acusación, la organización operaba fraccionada en dos bandas; en la primera etapa, denominada como “La Trenza” o “La Liga”, una parte de la organización copaba los remates judiciales e impedía que se desarrolle de forma espontánea la puja y así conseguían bienes a precios muy bajos. Posteriormente, operaba la otra fracción de la banda que se encargaba de una segunda subasta, generalmente en la calle, con la que conseguían una diferencia que se distribuía entre los miembros.
La denuncia salió a la luz tras una investigación periodística que denotaba estos movimientos fraudulentos en las subastas judiciales, sin embargo, en 2011 el abogado Miguel Ortiz Pellegrini instó una denuncia en perjuicio de su clienta, Ana María Ghislieri, quien reclamaba la mitad de una propiedad que había sido rematada en un 50% por su ex pareja. En esta causa, Bucheme y Ponce habían simulado un contrato de alquiler sobre el inmueble para evitar que se trabe una medida cautelar.
La instrucción y la acusación estuvo a cargo del fiscal Enrique Gavier quien aseguró en juicio que la agrupación se valía de “diversas herramientas y acciones ilegales que son desplegadas antes, durante y después de la subasta”. En tanto, también fueron condenados otras 17 personas, entre ellos, escribanos, contadores, arquitectos y familiares de los líderes de la banda. Todos estos últimos recibieron penas que no superan los cuatro años de prisión, por lo que varios tienen la posibilidad de solicitar el beneficio de la prisión condicional. Por último, el tribunal impuso ocho horas de trabajo comunitario para los líderes y rangos altos dentro del funcionamiento de la banda.