El año 2022 fue catastrófico para el medioambiente en América Latina. Es urgente actuar coordinadamente para detener la depredación sin freno que vive la región.
América Latina contiene algunos de países más diversos del mundo. Sin embargo, su riqueza ambiental se ve minada cada año por actividades extractivas agresivas como la minería (ilegal, criminal y a gran escala), la deforestación, la potrerización y la ganadería extensiva, entre otras actividades depredadoras.
En este 2023 las principales naciones latinoamericanas deberían implementar decididamente políticas activas para impedir que la región se degrade aún más en materia ambiental. Estos son algunos de los países con los mayores retos y amenazas.
Colombia, frenar la deforestación y proteger a los líderes ambientales
En junio de 2022 Colombia eligió un nuevo presidente, Gustavo Petro. Una de sus banderas de campaña fue la protección “absoluta” del medioambiente. En sus primeros meses de mandato, el nuevo gobierno ha estado abierto al diálogo con las organizaciones sociales que trabajan en este ámbito y logró un avance importante: la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Persiste, sin embargo, una lacra que viene de gobiernos anteriores: el asesinato sistemático de líderes ambientales. Según la organización Somos Defensores, entre el día de la posesión de Petro, 7 de agosto, y el 30 de septiembre, se registraron 25 asesinatos de defensores ambientales, y según la organización Global Witness, el país cumplió dos años, 2020 y 2021, como el más letal para los líderes ambientales en el mundo: es el lugar donde más los asesinan. 33 de los 200 homicidios registrados de líderes ambientales en el mundo sucedieron en Colombia.
Aunque el Acuerdo de Escazú permite sentar las bases para la protección de los defensores del medioambiente, el gobierno Petro debe asegurarse de que la violencia criminal contra ambientalistas se acabe de una vez en el país.
La segunda gran problemática que Colombia tendrá que enfrentar en 2023 es la deforestación.
Según la nueva ministra de ambiente colombiana, Susana Muhammad, entre 2001 y 2021 la Amazonía colombiana perdió casi dos millones de hectáreas, lo que equivale a 2 millones de campos de futbol reglamentarios. Entre las razones de la deforestación están la minería ilegal, la potrerización, los incendios y las talas masivas. 2023 debe ser el inicio de un plan que comience a ponerle coto a las prácticas que ahondan la deforestación en el país.
Argentina, sequía, calores máximos, incendios y conflictos indígenas
Con una inflación interanual desbordada de casi el 100%, Argentina es un país en crisis y el medioambiente no es la excepción.
Las pérdidas económicas debido a la sequía han sido enormes y el país debe pagar una deuda de 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El problema real de las sequías, más allá de la muerte de animales y el aumento de las tierras infértiles, es que alimenta una proliferación de incendios que han producido un enorme impacto acumulado. Desde 2019 se registraron en todo el país un total de 6.716 incendios, que afectaron una superficie de 2.360.215 hectáreas. Si el gobierno no logra poner freno a los incendios, más allá del enorme daño ambiental, la productividad agropecuaria, pilar de la economía del país, podría seguir bajando de manera alarmante.
Otra cuestión compleja es el enfrentamiento persistente con los pueblos indígenas a causa de desplazamientos y disputas territoriales con diferentes organizaciones y, aunque se ha intentado llegar a soluciones acordadas, éstas no han sido efectivas. Un ejemplo fue el intento de poner en marcha el Frente Indígena Plurinacional, una instancia que buscaba ser una mesa de diálogo para acercar a representantes de los pueblos indígenas a órganos políticos. Sin embargo, la iniciativa no ha sido exitosa porque los indígenas no sienten que haya suficientes garantías por parte del Estado.
Ecuador, derrames, poca transparencia y líderes perseguidos
Ecuador es un país donde, según su constitución, la naturaleza es protagonista. Sin embargo, en 2022 hubo múltiples derrames de petróleo. Según el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), entre 2012 y 2022 ha habido 1.584 derrames, principalmente debido a la falta de inversiones en el mantenimiento de los oleoductos.
Si el gobierno ecuatoriano no obliga a las petroleras a cumplir con la normativa, el desastre ambiental del país puede ser aún mucho mayor.
Si los países latinoamericanos no crean planes de acción climática, no podrán paliar una crisis que ya está teniendo efectos irreversibles en la destrucción del hábitat de muchísimas especies, incluida la nuestra.
Otro tema pendiente es la falta de datos actualizados sobre la deforestación en Ecuador. A la fecha no hay cifras actualizadas en las entidades gubernamentales lo que no permite entender cuál es la verdadera situación de la Amazonia ecuatoriana. Finalmente, es urgente que cesen los ataques y persecuciones a líderes ambientales. Sólo en octubre de 2022 se registraron tres ataques armados contra defensores, y varios han denunciado que son perseguidos.
Bolivia, incendios y minería
Bolivia tendrá dos retos principales en materia ambiental en 2023: parar el avance de la deforestación, que ubicó al país como el segundo con mayor pérdida de bosque en América Latina, y detener el aumento de la minería de oro en las áreas naturales protegidas que en muchos casos coinciden con los territorios indígenas.
Para lograrlo, el gobierno tendrá que repensar políticas que benefician la gran minería aurífera.
México, impunidad y falta de fondos
En 2022 México fue el país donde más líderes ambientales son asesinados en el mundo, superando incluso a Colombia. Según el último informe de Global Witness, publicado en septiembre de 2022, en el país murieron 54 defensores en 2021.
En abril de 2022 se cumplió el primer año de la entrada en vigor del acuerdo de Escazú en México, aunque no parece haber tenido efecto en la violencia que se vive en los territorios.
Por otro lado, el sector ambiental en México tiene un presupuesto paupérrimo. En 2022 el gobierno federal destinó 40.795 millones de pesos argentinos (unos 1.990 millones de dólares) al sector ambiental; una cifra mucho menor a los 67.000 millones de pesos que tenía en 2015. La falta de recursos ha tenido como consecuencia un sector débil, que no tiene cómo proteger las áreas de conservación ni cómo hacer investigaciones profundas de la situación ambiental del país.
Brasil, deforestación y violación de los derechos indígenas
Brasil, el país más diverso del mundo, sale de un gobierno especialmente agresivo con el medioambiente y se enfrenta a un panorama complejo. Después del mandato de Bolsonaro, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta dos retos: la deforestación más alta de la región, y la vulneración constante de los derechos de los pueblos indígenas.
Durante su campaña, Lula prometió poner freno a ambas problemáticas con el nombramiento de la líder ambiental Marina Silva en Medioambiente, y la creación de un ministerio para los pueblos indígenas.
Regionalmente, el reto más grande a superar es, sin duda, la deforestación, sobre todo en la Amazonia, el bosque tropical más extenso del mundo y una de las reservas naturales y de biodiversidad de la humanidad. Si no se crean planes estructurales y que se reflejen en políticas públicas eficaces que defiendan el medio ambiente, no habrá forma de detener esta dinámica de consecuencias catastróficas para el planeta y especialmente para la crisis del clima.
Crisis Climática en una región sorda, ciega y muda
Sequías prolongadas, incendios gigantescos, deforestación sin freno, y deshielo de los glaciares andinos han marcado la agenda ambiental en América Latina en 2022. Según un nuevo informe del Banco Mundial (BM), la acción climática es urgente en la región para lograr acelerar una transición efectiva hacia economías resilientes y bajas en carbono.
El informe del BM, titulado “Hoja de ruta para la acción climática en América Latina y el Caribe 2021-2025”, afirma que los desastres y eventos relacionados con el clima como sequías, deslizamientos e inundaciones, entre otros, serán cada vez más frecuentes e intensos por lo que la región es una de las más vulnerables al avance destructivo del cambio climático.
La entidad estima que los costos causados por estos desastres en materia de infraestructura, energía y transporte equivalen al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) regional, y hasta el 2% en algunos países centroamericanos
El informe, además, muestra que para 2030, sólo en América Latina, hasta 5,8 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema como resultado de los efectos del cambio climático y que, para 2050, 17 millones serían desplazados climáticos.
Después de los tibios resultados de la COP27, queda claro que, si los países latinoamericanos no crean planes de acción climática coordinados y estructurados, no podrán paliar una crisis que ya está teniendo efectos irreversibles en la destrucción del hábitat de muchísimas especies, incluida la humana.
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