La situación en el norte del país por los desmontes, donde la mayoría son ilegales, volvió a alarmar a la población luego de que Greenpeace publique su reporte semestral deforestación. Las imágenes satelitales tomadas por la organización ecologista demostró que la situación más grave se da en Chaco y Santiago del Estero y volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.
“Nos preocupa mucho este aumento de la deforestación, y que la mayoría sea ilegal. En Chaco todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, y agregó: “Para peor, recientemente se sancionó una flexibilización de su ley provincial. Mientras que en Santiago del Estero el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido. Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema”.
El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 21.148 hectáreas; en Santiago del Estero 21.047 hectáreas; en Formosa 7.162 hectáreas; y en Salta 4.200 hectáreas; totalizando 59.557 hectáreas, el equivalente a tres veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
Además, el reporte dejó a la vista que, la principal causa de la pérdida de bosques, es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que se exporta en gran medida a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
“La deforestación provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actuaran en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos. Por otra parte, el sistema de multas no es suficiente contra la ilegalidad, por lo que la penalización se hace necesaria”, señaló Giardini.
Esta semana se cumplen cinco años del amparo presentado por Greenpeace ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y contra el Estado Nacional por permitir la destrucción del hábitat del yaguareté y violar lo establecido por la Ley de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado el máximo tribunal declaró su competencia en la causa.