El domingo pasado Chile tuvo la oportunidad de dejar atrás, finalmente, la Constitución Nacional promulgada en 1980 bajo el gobierno del dictador Augusto Pinochet. Esto no resultó siendo, precisamente, de esa manera. Aunque las encuestas auguraban una ventaja del “No”, y eran muchos los indecisos, esa opción se impuso de forma aplastante: 63%. En un contexto de creciente rechazo a un gobierno que apenas cuenta con seis meses en La Moneda, Gabriel Boric enfrenta su momento de mayor complejidad en el cargo. Si bien el mandatario chileno más joven de la historia del país no tomó partido abiertamente por ninguna de las dos posturas, era claro que tanto él como su movimiento político estaban a favor del “Si”. No eran pocos los analistas que vieron al plebiscito, también, como una especie de referéndum respecto de lo que va de gobierno de Boric. A diferencia de la consulta anterior, sobre si debía continuar o no la Carta Magna pinochetista, esta vez el voto fue obligatorio, y participaron de las elecciones más de nueve millones de chilenos y chilenas. De acuerdo con los especialistas, la obligatoriedad también jugó en contra del gobierno, ya que, en su amplia mayoría, quienes no habrían acudido a votar si era optativo, se inclinaron por el “No”. El principal desafío del Ejecutivo, ahora, será reencauzar el proceso constituyente, pero, además, relanzar un gobierno que parece cansado y desgastado apenas seis meses después de asumir, y, por ahora, sin cumplir con sus principales promesas.
La nueva Carta Magna presentaba una reforma prácticamente de raíz de la concepción misma del Estado chileno. La idea de aprobar una Constitución Nacional que consagre a Chile como un Estado Plurinacional, reconociendo los sistemas jurídicos indígenas coordinados en plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia, quizás fue una apuesta demasiado alta. Esto se dio en medio del conflicto entre el Estado y los mapuches del sur, en la región de la Araucanía, que se encuentra militarizada. El factor mapuche ha sido tan importante en la campaсa y en la discusión pública que incluso provocó la primera y, hasta ahora, única renuncia del Ejecutivo chileno. La ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, se vio obligada a dejar el gobierno luego de que se revelara que un asesor del ministerio, por orden suya, contactó a Héctor Llaitul, líder mapuche radical, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco, quien había convocado esa mañana a una “resistencia armada” contra el gobierno central. Llaitul fue detenido por una causa iniciada por el gobierno de Piñera y ampliada por el de Boric por “atentar contra la autoridad”. La ministra del interior, Izkia Siches, celebró la detención afirmando que “nadie está por sobre la ley”. Por ahora, el gobierno se ha mostrado incapaz de concretar reformas estructurales para cumplir con sus promesas de campaña. Mas allá de proyectos importantes como la ambiciosa reforma tributaria presentada en julio pasado ante el Congreso, el Ejecutivo aún no puede dar respuesta a muchos de los problemas que aquejan a la sociedad chilena.
Boric llegó a la presidencia siendo el mandatario en ejercicio más joven de América latina y el de menor edad en ocupar ese cargo en toda la historia chilena. Las promesas de cambio real respecto de sus predecesores, de renovación e inclusión eran muchas. El mandatario llegó a alcanzar más del 70% de imagen positiva durante sus primeros meses en el poder pero esta se desplomó rápidamente en tiempos donde la ciudadanía pide respuestas rápidas y efectivas para problemas estructurales y de larga data, aunque muchas veces estas no sean posibles. Los desafíos del gobierno, desde el vamos, eran muchos. En el marco de una sociedad profundamente conservadora y con un poder económico anquilosado desde hace décadas en todos las esferas de decisión y poder, al gobierno, por momentos, parece faltarle audacia, o, cuanto menos, pecar de exceso de prudencia política. Al mismo tiempo, la problemática mapuche es un factor creciente dentro de la dificultad a la hora de poder resolver los problemas del país e implementar las medidas prometidas. Algunos sectores progresistas o más a la izquierda, esperaban de Boric que sea más proclive a atender a los reclamos mapuches, mientras que la derecha o, incluso, algunos sectores de los partidos que lo apoyan, le reclaman una mayor firmeza al momento de enfrentarlos.
La inflación, acorde al contexto mundial, se acelera cada día más en el país trasandino. Se trata de un fenómeno al que los chilenos no están acostumbrados. Por ejemplo, en julio de 2022 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un aumento mensual de 1,4%, acumulando alzas de 8,5% en lo que va del año y 13,1% en doce meses. Al mismo tiempo, las grandes ciudades atraviesan la peor ola de inseguridad en décadas, con un crecimiento del 70% de los homicidios en los últimos seis años y un incremento de los asaltos violentos, mientras que la economía muestra signos preocupantes de desaceleración. Es entendible, por ello, que exista un creciente descontento con el gobierno, más allá de que apenas lleve seis meses de gestión. Actualmente, lo que se considera como el periodo de “luna de miel” con los oficialismos dura cada vez menos, particularmente en la región. Boric aún tiene tiempo para construir su gestión, por lo pronto, queda claro que su impronta juvenil y su liderazgo refrescante para la izquierda latinoamericana no alcanzan. Tampoco son suficientes gestos de austeridad o una política novedosa de comunicación que por momentos parece más propia de un ‘influencer’ de las redes sociales que de un presidente. Los chilenos necesitan respuestas concretas a sus problemas, y el principal desafío del gobierno, por lo pronto, es dárselos.