Gonzalo Fiore
Especial para HDC
El lunes de la semana pasada, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó a Texas permitir el acceso de agentes federales fronterizos al límite con México, donde las autoridades texanas han desplegado kilómetros de alambre de cuchillas. La orden no explicó las decisiones de los jueces. Por ahora, efectivamente respalda fallos judiciales de larga data que establecen que la Constitución otorga al gobierno federal la responsabilidad exclusiva de la seguridad fronteriza.
En octubre del año pasado, Texas demandó al gobierno federal después de que agentes de la Patrulla Fronteriza cortaran parte del alambre colocado a lo largo del Río Grande, argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional destruyó la propiedad del estado e interfirió en los esfuerzos de seguridad fronteriza de Texas. El voto de 5 a favor contra 4 en contra de la Corte Suprema anuló una injunción previa del 5º Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, que impedía a los agentes de la Patrulla Fronteriza cortar el alambre de cuchillas. Sólo en el mes de diciembre de 2023, un récord de más de 300.000 migrantes ilegales cruzaron la frontera.
En las últimas semanas, Shelby Park, en Eagle Pass, se ha convertido en el centro de un enfrentamiento entre Texas y el gobierno federal sobre la aplicación de la inmigración. Más recientemente, el gobernador texano, Greg Abbott, ha intensificado la vigilancia en la frontera alrededor del parque de 47 acres, rodeando el perímetro con alambre de púas y limitando el acceso al parque de la ciudad. En un comunicado, la Casa Blanca celebró la orden de la Corte Suprema que permitió a las autoridades federales «abordar situaciones humanitarias urgentes y hacer cumplir nuestras leyes”. Desde las décadas de los 50 y 60, cuando se producían las disputas por los Derechos Civiles, un gobernador de un estado de la Unión no cuestionaba una decisión de la Corte Suprema del país, ni se enfrentaba de manera tan frontal al gobierno federal.
Abbot, quien se proclama a sí mismo como el “mejor gobernador del país”, decidió avanzar de manera frontal contra Joe Biden y el poder judicial federal. 25 gobernadores republicanos emitieron una declaración conjunta en solidaridad con Abbott por «intensificar la protección de los ciudadanos estadounidenses ante niveles históricos de inmigrantes ilegales, drogas mortales como el fentanilo, y terroristas que ingresan a nuestro país”. La semana pasada Biden dijo que estaba «listo para actuar», pero argumentó que los legisladores en el Capitolio deben primero ponerse de acuerdo en reformas políticas significativas.
Las perspectivas de un gran acuerdo, sin embargo, en cualquiera de las cámaras del Congreso (y mucho menos en ambas) parecen escasas. Los republicanos en la Cámara de Representantes lideran actualmente un esfuerzo para destituir al principal funcionario fronterizo del presidente, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Mientras tanto, un acuerdo bipartidista emergente del Senado enfrenta objeciones, tanto de la derecha como de la izquierda. Donald Trump, el favorito republicano para la Casa Blanca, ha presionado a sus aliados para frenar el proyecto de ley y evitar darle a Biden una victoria en un año electoral.
La idea de la secesión de Texas ha sido un tema recurrente en la retórica política y en la esfera pública. Sin embargo, a pesar de las declaraciones en la Constitución de Texas y discursos de líderes estatales, la secesión enfrentaría obstáculos legales insuperables sin enmiendas constitucionales federales. La Constitución de los Estados Unidos no proporciona un mecanismo claro para la secesión de un estado: se requiere una enmienda constitucional, la cual sólo puede ser propuesta por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, o por una convención convocada por dos tercios de los estados. Además, la enmienda debe ser ratificada por tres cuartos de los estados. Este proceso legal riguroso hace que la secesión sea prácticamente inviable sin un consenso a nivel nacional.
Texas depende significativamente de los fondos federales, representando aproximadamente el 35% de sus ingresos operativos. En 2016, el estado recibió 68.000 millones de dólares del gobierno federal; la secesión requeriría compensar esta pérdida, planteando desafíos económicos considerables. Además, la salida de empresas tecnológicas podría generar un éxodo masivo de talentos, resultando en un vacío laboral y un deterioro de la economía estatal.
La retirada de Texas de la Unión tendría consecuencias en la infraestructura y servicios financiados por el gobierno federal. La falta de respaldo financiero en situaciones de emergencia, como desastres naturales, podría dejar al estado incapaz de proporcionar una respuesta adecuada. La responsabilidad de mantener carreteras, prevenir inundaciones y gestionar la seguridad frente a amenazas extranjeras también sería abrumadora para una Texas independiente.
También la secesión de Texas tendría repercusiones políticas a nivel nacional: la pérdida de sus 38 votos electorales, y 25 representantes republicanos en la Cámara, afectaría el equilibrio político en favor de los demócratas. Esto tendría un impacto significativo en la capacidad del Partido Republicano para obtener la presidencia y mantener el control del Congreso durante las próximas décadas.
Aunque la secesión de Texas puede ser un tema candente en la esfera pública, este análisis demuestra que enfrenta barreras legales y económicas significativas. La dependencia financiera del gobierno federal, la pérdida de empresas clave y las complejidades de la infraestructura estatal sugieren que la secesión sería un camino tan lleno de incertidumbres como de desafíos.