Habían transcurrido ya seis años desde el estallido revolucionario del 25 de Mayo de 1810; una profunda crisis política perturbaba a las Provincias Unidas del Río de la Plata y demoraba tanto la declaración de la Independencia como la sanción de una Constitución. Mientras las fuerzas realistas dominaban el Alto Perú y Chile, el Directorio se encontraba sumamente debilitado, el ejercito del Norte prácticamente desarticulado, y Artigas fortalecía su liderazgo federal en la Banda Oriental, proyectando su influencia política en todo el litoral argentino.
A su vez, el contexto internacional no era el más propicio para estos territorios. Tras la derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, Fernando VII fue liberado, recuperó su trono en la monarquía española, y una de las primeras medidas que adoptó fue la de enviar un poderoso ejército a América, para sofocar los movimientos revolucionarios y recuperar el dominio de sus antiguas colonias de ultramar. Precisamente esta compleja situación política en el frente interno, y especialmente en el plano internacional, fue lo que impulsó la convocatoria de un nuevo Congreso que debía apurar la declaración de la Independencia y, además, lograr sancionar una Constitución. Al fin y al cabo, éstos eran los dos grandes objetivos que pendían desde 1810 y que la Asamblea del año XIII no había podido concretar.
En esta ocasión se optó por una ciudad del interior para que fuese sede del Congreso, debiendo la misma estar ubicada a una distancia equivalente de todas las provincias, para facilitar la concurrencia de sus representantes. La ciudad designada para ello fue San Miguel de Tucumán, emplazada estratégicamente en el antiguo camino real, que unía a Buenos Aires con el Alto Perú, y que en aquellos años no era más que un empobrecido poblado de apenas unos 5.000 habitantes, que no contaba con la infraestructura necesaria para recibir a todos los diputados y demás funcionarios que integrarían el Congreso Constituyente. De hecho, solo alrededor de la Plaza Mayor (hoy Plaza Independencia) había unas cuantas construcciones de cierta importancia, como lo describe Paul Groussac. Entre ellas, el Cabildo y la Catedral, que eran los únicos edificios públicos que existían, aunque se encontraban en condiciones deficientes y por eso el Congreso se tuvo que instalar en una casa particular.
Hacia el Jardín de la República” se dirigieron entonces una treintena de congresales, provenientes de distintas provincias (Buenos Aires envió 7 diputados; Córdoba 4; Mendoza 2; Tucumán 2; San Juan 2; Santiago del Estero 2; Salta 2; Catamarca 2; San Luis 1; La Rioja 1; Jujuy 1; y 8 enviaron en total las tres provincias altoperuanas). Solamente faltaron a la cita los representantes de la Banda Oriental y de las provincias del Litoral (es decir, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes), que estaban bajo influencia política artiguista y decidieron no formar parte de este Congreso. Ciertamente, no era una empresa sencilla trasladarse hasta Tucumán en aquel tiempo. Desde Buenos Aires el viaje consumía varias semanas, dependiendo de las condiciones del tiempo, y desde los puntos más alejados del territorio la travesía podía demorar más de un mes. Por ello, los primeros diputados arribaron a Tucumán en diciembre de 1815, y otros lo hicieron recién a comienzos de 1816 (esto fue lo que demoró la instalación del Congreso hasta el 24 de Marzo de aquel año). La intención de todos los que concurrieron a Tucumán era declarar la Independencia cuanto antes. El propio Belgrano, en su visita a los congresales concretada el día 6 de Julio, había exigido que fuese proclamada de inmediato.
Así las cosas, superando innúmeros obstáculos y contratiempos, el martes 9 de Julio de 1816 el Congreso, presidido por el joven abogado Francisco Narciso Laprida, declaró solemnemente que era voluntad unánime e indubitable de las Provincias Unidas en Sud América romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”. Y diez días después, a instancias del diputado Pedro Medrano, se agregó en el acta la frase y de toda otra dominación extranjera”, a fin de bloquear las pretensiones portuguesas de anexar los territorios rioplatenses, cerrando así la puerta a nuevos reclamos carlotistas.
La casa de Tucumán
Aquella histórica gesta es recordada por todos los argentinos y argentinas por cuanto ha quedado grabada en nuestra memoria colectiva desde hace 204 años. Menos conocido es el derrotero de la casa donde sesionaba el Congreso al momento de aprobarse, por aclamación, el acta de la Independencia. A falta de un edificio público en condiciones se tuvo que optar por una vivienda particular, y para ello se eligió la antigua casona que era propiedad de doña Francisca Bazán de Laguna, una distinguida vecina de la ciudad, que preparaba las empanadas tucumanas más deliciosas de su tiempo. Dicha residencia, de estilo señorial, había sido levantada en la segunda mitad del siglo XVIII por Diego Bazán y Figueroa, un acaudalado comerciante español, y a fines de aquel siglo pasó a manos de su hija Francisca, esposa de Miguel Laguna.
En el salón principal de aquella casona colonial, adaptado para la ocasión, se proclamó la Independencia de nuestra patria el día 9 de Julio de 1816. Y allí continuó sesionando el Congreso hasta principios de 1817, cuando se decidió trasladar su sede a la ciudad de Buenos Aires. En la década de 1840, el inmueble fue heredado por la familia Zavalía, descendientes de los Bazán Laguna. Por entonces su estado de mantenimiento no era el mejor; unos años después, en 1874 el gobierno nacional lo adquirió, para que funcionara en su predio la oficina de Correos y Telégrafos. Por su avanzado grado de deterioro se ejecutaron una serie de reformas, aunque el presidente Nicolás Avellaneda, tucumano él, exigió que la sala donde se había jurado la Independencia se conservara tal como estaba. Y esto fue respetado.
A comienzos de la década siguiente, el histórico salón lucía ya en muy mal estado, y su techo estaba a punto de derrumbarse, razón por la cual las autoridades del Correo decidieron en 1881 iniciar su refacción. Luego, el paso de los años, acumulados a la desidia y el olvido, determinaron que hacia fines del siglo XIX la casa quedara abandonada. Ante ello, el presidente Julio A. Roca, también tucumano, aprobó en 1902 la construcción de una estructura que protegiese la sala principal de la casa. En tanto, el resto de la propiedad fue demolida en 1903. Es decir que, al celebrarse el primer centenario de nuestra Independencia, la casa como tal ya no existía. Y esto era toda una metáfora de la realidad argentina.
Recién en 1940 se aprobó un proyecto, autoría de Ramón Paz Posse, diputado tucumano que propiciaba la reconstrucción de la histórica casona. Dicha labor estuvo a cargo del arquitecto Mario J. Buschiazzo, quien se basó en planos del año 1874 y fotografías de la fachada tomadas por Angel Paganelli en 1869. El 17 de Junio de 1942 se iniciaron las obras de reconstrucción, que culminaron al año siguiente, quedando inaugurada la réplica de la casa el día 24 de Septiembre de 1943. Previo a ello, el 12 de Agosto de 1941 se la había declarado Monumento Histórico Nacional, status que conserva en la actualidad.
Durante la segunda mitad del siglo XX solo se realizaron tareas de mantenimiento, destacándose entre ellas las que se llevaron a cabo en los años 1993 y 1996, cuando se restauraron los techos y la carpintería. Finalmente, en el año 2006 se concretaron trabajos de refacción en su frente y en las veredas de la calle Congreso al 151, ubicación de la histórica casa. Desde 1816 formamos una nación libre e independiente, dueña de su propio destino, de sus aciertos y también se sus errores; y desde entonces reconocemos a Tucumán como la cuna de nuestra libertad: desde entonces la antigua casona de la familia Bazán Laguna se ha convertido en la casa de la Independencia”.
Abogado y docente universitario