El gobierno nacional reglamentó hoy la exigencia para que empresas públicas y organismos estatales compren deuda reperfilada con sus excedentes transitorios de liquidez. A través de la Resolución Conjunta 66/2019 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas publicada hoy en el Boletín Oficial, se aprobaron las reglas y procedimientos para las inversiones previstas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 668 del 27 de septiembre de 2019 firmado por el presidente Mauricio Macri.
Mediante ese DNU, hasta el 30 de abril de 2020, la totalidad de las jurisdicciones y entidades estatales, las empresas, entes y fondos fiduciarios -con la exclusión de los bancos públicos, el Poder Legislativo Nacional y el Poder Judicial de la Nación-, deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez en instrumentos de deuda precancelables emitidas por el Tesoro Nacional a un plazo que no exceda los 180 días.
El objetivo del decreto y de su reglamentación es proveer de aire a las cuentas públicas de la Nación, mediante la compra de títulos que ningún privado tomaría. De esta manera, volvió a quedar en evidencia la comprometida situación financiera en la que se encuentra el gobierno nacional ante la ausencia del desembolso de US$ 5.400 millones que Fondo Monetario Internacional (FMI) debía girar el mes pasado.