En su primera semana como presidente de la Nación, Alberto Fernández decidió avanzar con su programa económico con el objetivo de “poner plata en el bolsillo de la gente” y así reactivar el consumo y revertir la crisis. Entre las medidas más importantes que tomó el jefe de Estado figura la actualización de los derechos de exportación (llamadas también “retenciones” al agro), un esquema que perdió vigencia en términos recaudatorios tras la enorme devaluación del peso que se registró en los últimos meses.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 37/2019, publicado el sábado pasado, el gobierno nacional aumentó 5,3% las alícuotas de los granos y los subproductos específicos de la soja. De esta manera, las retenciones a la soja se fijaron en 30%. En tanto, el maíz, el trigo, el sorgo, el girasol y la cebada quedaron en 12%. Por su parte, la exportación de carnes (vacuna, porcina, ovina, aviar y de pescados), harina de trigo, arroz, maní, leche en polvo, maíz pisingallo y legumbres, fueron gravadas con un 9%.
La medida se tomó, de acuerdo al decreto, por la “grave situación que atraviesan las finanzas públicas” y ante la necesidad de atender “las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos”. Es parte del paquete económico que decidió implementar la nueva administración en sus primeros días para apaciguar los nocivos efectos de la crisis económica. Horas después de la publicación del DNU, tanto el presidente Fernández como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salieron a explicar la medida.
En declaraciones a medios bonaerenses, Cafiero explicó que lo que se hizo fue modificar el sistema impuesto por Macri. “Las retenciones tenían una parte móvil y otra fija. Así lo estableció Macri y así está hoy el régimen. Eso no se tocó”, sostuvo el funcionario nacional. “Cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18% de retenciones móviles, más un 12% fijo al dólar de ese momento ($ 36), con un tope máximo de cuatro pesos. Lo que dijimos es: pasaste de un dólar de $ 36 a uno de $ 63, modifiquemos ese tope”, añadió.
De esta manera, descartó que se haya modificado el sistema. Por el contrario, dijo que se actualizó el componente atado al dólar de los derechos de exportación por la variación que sufrió la divisa.
Además, Cafiero aseguró que la intención del Gobierno no es proponer un “régimen prohibitivo ni mucho menos”. En cambio, se busca adecuar el esquema de derechos a la exportación “a las necesidades que tiene el resto de la Argentina”.
El presidente Fernández ofreció su propia explicación al remarcar que no se agregaron más retenciones ni se pusieron más retenciones. Por el contrario, se trató de una “decisión imperiosa” para “ordenar” el esquema que dejó Macri. “Lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo, el campo también”, advirtió el mandatario nacional en declaraciones radiales.
Por otra parte, a través de la Resolución 196/2019, firmada sólo por el flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, también se cerraron los registros para declarar ventas al exterior de granos a partir de hoy. La intención es impedir registros con el marco normativo que se dejó sin efecto. Cabe recordar que las empresas exportadoras -que trasladan los impuestos a los productores vía precios- pagan derechos de exportación según el día en que declaran la venta. La resolución generó la sospecha del sector agropeacuario porque consideran que podría anticipar nuevas medidas económicas.
De cualquier manera, desde el gobierno nacional descartaron que las modificaciones vayan a profundizarse. Por el contrario, Cafiero dijo que convocará a los sectores vinculados al campo “para evaluar cuál es el mejor régimen exportador de la Argentina”.
Críticas desde el sector agroexportador a Fernández
Los principales referentes del sector agroexportador criticaron la medida tomada por el gobierno nacional y también la forma en la que se concretó. Los cuatro integrantes de la Mesa de Enlace, Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales de Argentina), Carlos Iannizotto (Coninagro) y Daniel Pellegrina (Sociedad Rural Argentina) coincidieron, el sábado pasado, en que Fernández “comenzó a faltar a su palabra” por tomar la decisión de manera inconsulta, antes de la reunión que ellos le pidieron al ministro a Basterra el miércoles pasado mediante una carta. Además, Pelegrina aseguró que la Mesa de Enlace se reunirá esta semana (posiblemente hoy) para analizar el decreto firmado por Fernández y advirtió que “hay malestar en los productores agropecuarios, sobre todo del interior de Argentina”. La medida significará una pérdida de “1.800 millones de dólares adicionales” para los productores, advirtió Pellegrina. Por su parte, Chemes (foto), aseguró que “se sigue viendo al campo como una fuente de recursos fiscales” y que “no se toma conciencia del lugar que ocupa en el país”. Para el referente del campo, la medida, firmada por Fernández, Cafiero y Basterra, no anticipa nada bueno. “Arrancamos mal”, aseguró en un comunicado.