El Gobierno nacional abrirá esta semana el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, con el que buscará convertir en «productivos» esos emprendimientos periféricos al sistema que desarrollan unas 6 millones de personas en el país, con la convicción de que la pandemia de coronavirus obligará a reivindicar formas de producción «más cercanas a las necesidades de la sociedad y menos enfocadas al consumo masivo».
Así lo adelantó en una entrevista con la Agencia de Noticias Télam el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena, quien sintetizó que el primer objetivo del registro apunta a «visibilizar» a este amplio universo de la población económicamente activa, que equipara en número a los 6 millones de trabajadores del sector privado formal y duplica al total de 3 millones de empleados del ámbito público.
«El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue un golpe de realidad porque mostró una economía que no estaba visibilizada; por eso el registro tiene como objetivo inicial pensar la economía popular, inscribirla, establecer cuáles son sus ramas, sus actividades, sus unidades productivas y dónde se desarrollan», explicó el funcionario.
El segundo objetivo de ese «mapa» que empezará a confeccionarse la próxima semana, primero con una modalidad virtual por la pandemia y luego con operativos presenciales en los territorios, apunta a resignificar la mirada sobre esos trabajadores informales.
«Siempre fue vista como la economía de la necesidad, pero nuestra idea es que cambie esa concepción y que sea la economía de la producción; queremos que la política social pase de la asistencia de los sectores vulnerables a un desarrollo del trabajo que realizan, dignificarlo, ordenarlo y que potencie sus propios emprendimientos», describió Chena, economista que se desempeñó como investigador del Conicet y como docente de la Univesidad de La Plata.
Mujeres y hombres que se sostienen, o se sostenían antes del coronavirus, con la venta ambulante, la agricultura familiar, el arte callejero o tareas de cuida coches, limpia vidrios, pintores, serenos, electricistas, paseadores de perros, lustra botas, fleteros, cuidadoras en jardines maternales barriales, cartoneros, gasistas, recicladores, ayudantes de albañilería y tapiceros, entre otros, podrán inscribirse en el registro. Se trata de quienes crearon su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios en unidades productivas individuales o colectivas, caracterizadas por su relación asimétrica en el ámbito financiero, comercial o fiscal.
«Son quienes hacen trabajos esenciales que hoy no son productivos y conforman el 50% de los trabajadores económicamente activos», graficó Chena, para quien el después de la pandemia reafirmará la idea de avanzar hacia «una forma de producir posindustrial, más cercana a las necesidades de la sociedad y menos enfocada en el consumo masivo». Ese universo no es «productivo» porque «no accede a créditos, ni a estructuras del mercado donde vender, ni siquiera a derechos laborales y son víctimas de la usura», advirtió.
Además, Chena valoró el hecho de que como esa gente «desarrolló su actividad en base a sus propias necesidades está mucho más cerca y comprende mejor la necesidad, que el negocio».
Otra premisa del registro será dotar a esos trabajadores de «instrumentos financieros acordes» a la economía popular, créditos no bancarios estatales «en condiciones razonables» para su evolución, derechos a una obra social y a una jubilación encuadrada en un tipo de monotributo productivo, que el gobierno tiene en estudio para desarrollar.
Esta propuesta empezará a materializarse a través del sitio www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep y forma parte del plan de salida de la crisis pospandemia, analizada entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y los movimientos sociales.
El registro está organizado en ocho ramas, para diferenciar los segmentos de la economía popular:
1) Comercio popular y trabajos en espacios públicos
2) Recuperación, reciclado y servicios ambientales
3) Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental
4) Industria manufacturera
5) Servicios socio-comunitarios
6) Agricultura familiar y campesina
7) Transporte y almacenamiento
8) Servicios personales y otros oficios.
Están habilitados a registrarse quienes tengan 18 años o más y no posean a su nombre más de dos inmuebles, ni tampoco cuenten con un trabajo en relación de dependencia que supere el salario mínimo vital y móvil.
Tampoco podrán acceder quienes estén inscriptos en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes: sólo se admitirán las categorías A, B, C y D o titulares del monotributo social o monotributistas «promovidos».
El trabajo sexual, que había sido incluido inicialmente como categoría posible, quedó fuera del registro y será analizado y atendido en forma separada por el Ministerio de Desarrollo Social.