La Municipalidad de Córdoba continúa negociando el reperfilamiento de su deuda de 150 millones de dólares bajo cláusulas de confidencialidad sin un claro avance hacia su aceptación. Ocurre que mañana vence el plazo de gracia de 30 días para el pago de los 5,9 millones de dólares de intereses pendientes, fecha a partir de la cual la ciudad podría entrar en default técnico.
El intendente Martín Llaryora, que en marzo pasado había abonado los intereses de la deuda, en septiembre suspendió el pago y profundizó las tratativas para llegar a un acuerdo que le permita reordenar el esquema de vencimientos y el costo de los 150 millones de dólares que su antecesor, Ramón Mestre, tomó del mercado internacional en 2016. Y ahora está a horas de que se venza el plazo que lo coloque en la lista de los incumplidores.
Sin embargo, en la administración de Llaryora no creen que un 25% de los acreedores se reúna a redactar el documento que declare el evento de impago, es decir, los declare formalmente en default, tal y como lo reglamenta el prospecto del bono emitido en 2016. Es que las negociaciones se vienen llevando a cabo a diario con los abogados de los fondos inversores, incluso los fines de semana, reveló la periodista Marcia Dell’Oca.
La Provincia deberá mejorar su propuesta de reestructuración de deuda a los acreedores
Las cláusulas de acción colectiva sobre estos 150 millones de dólares de deuda municipal exigen que al menos el 75% de los acreedores respalden la propuesta del deudor. Por eso, la estrategia del Intendente es negociar con los fondos más grandes con acuerdos de confidencialidad y luego en una segunda etapa y con una masa crítica de acreedores, ampliar la oferta a los ahorristas más chicos.
Por su parte, el gobierno provincial se vio obligado a mejorar la propuesta de renegociación de su deuda, a 40 días de haber presentado la primera y, hasta ahora, única oferta de reestructuración. La gestión de Juan Schiaretti inició la revisión de los pagos de tres bonos emitidos bajo ley extranjera (los PDCAR 2021, 2024 y 2027), cuyos vencimientos de capital suman 1.685 millones de dólares. Hasta ahora, pagó con normalidad.
La propuesta no contempla quitas de capital, pero sí pretende postergar dos años el gran vencimiento de 2021, por 729 millones de dólares, y pagarlo en cinco cuotas anuales a partir de 2023. Lo mismo con los otros dos bonos: se propone prorratear en cinco años las amortizaciones, concentradas hasta ahora en un año. En los intereses sí hay una reducción importante: la propuesta pretende un recorte del 80% en los primeros tres años. La tasa pactada –del 7,3% promedio– bajaría al 1% para estacionarse en el 5% de 2023 a 2029.