Nueva fórmula de movilidad jubilatoria con muchas opiniones a favor y en contra, de propios y extraños, también con el fin del IFE, o la reducción de programas ATP, revelan algunas inconsistencias, poco análisis, poca comunicación, o las recurrentes acusaciones éticas u operaciones políticas (que existen, pero no parecen tantas como se denuncian mutuamente). Como sea, todo genera mucho desconcierto. Partir de algunas certezas aceptadas por todos, sin atribuir culpas ni reconocer errores, aunque deban juzgarse, es un buen comienzo.
Todo sistema capitalista sostenible (en su acepción de 2001 de la RAE, que se decía de uno que podía mantenerse en el tiempo) requiere compatibilidad entre el presente y el futuro, entre pobres y ricos, entre lo que consumimos y producimos, entre lo que ahorramos e invertimos.
Ningún jubilado dudaría en renunciar a parte de lo que percibe, si ello le asegurara que sus hijos y nietos pueden trabajar y capitalizarse con una vivienda o estudio.
Muchos empresarios, salvo los fugadores y vaciadores seriales, dudarían en apoyar un sistema que le permita sostener su empresa a largo plazo.
Ningún trabajador duda en ganar menos si mantiene su trabajo.
Entonces, el problema de la sostenibilidad pasa por la credibilidad de las propuestas políticas por parte de las mayorías –jubilados, pequeños empresarios y trabajadores-; y por un equilibrio a largo plazo que, sin destruir empresas, limite su capacidad de imponer precios monopólicos, la distribución de valor que agregan y promueva la reinversión de sus utilidades.
El Estado, así, podrá mediar responsablemente entre lo que debe ser” y lo que puede ser”; o como decía Max Weber, entre la vocación y la responsabilidad política.
En ese sentido, otra coincidencia entre partidarios y opositores políticos y mediáticos al Gobierno es que, más allá del pasado de algunos, esta Administración no cuenta con funcionarios sospechados de corrupción. Así, goza de legitimidad de origen y ejercicio, que solo deja como argumento de duda un pasado al menos polémico en una alianza diversa.
El cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria que la oposición objeta por no contemplar la inflación”, incluye los aportes al sistema jubilatorio de los trabajadores registrados –con una garantía si se redujeran en algunos casos- y la recaudación impositiva, que sin dudas incluyen la inflación que se produzca, partiendo de una base que está en su mínimo, por lo que solo puede crecer inclusive más que la inflación.
El IFE, un sistema universal para 9 millones de personas, va camino a convertirse en un programa focalizado para dos millones, en áreas geográficas que recibirán aumentos sustanciales del Programa Alimentar, que impide su uso libre, y programas de inversión pública que proporcionen trabajo.
El ATP, al convertirse en REPRO II, reducirá el aporte estatal a un monto fijo de $ 9.000 por empleado de actividades no críticas que se mantienen inactivas o con actividad reducida –turismo, espectáculos, gastronomía, transporte, etc.-, cuando la actividad económica de muchos sectores se ha recuperado inclusive por sobre sus niveles de setiembre de 2019.
En definitiva, más allá de las exigencias del FMI bueno”, el Gobierno está tratando de convertir subsidios y consumo en trabajo, ahorro e inversión, aunque su implementación es compleja y definirá su éxito o fracaso, lo que explica algunos cambios de funcionarios.
De lo contrario, estaría creando las condiciones de la próxima crisis, que comprometería inclusive su continuidad, por la explosión inflacionaria y aumento de la pobreza, con un previsible corrimiento hacia el dólar de los recursos que capturen las empresas e individuos capaces de ahorrar, en un círculo vicioso interminable.
De todas maneras, ello no debiera impedir la sanción del aporte extraordinario a las grandes fortunas, que la mayoría de la población y gran parte de la oposición (excepto el macrismo) acepta como forma de excepción en el de financiamiento de la emergencia.
Es evidente que existe un ajuste preventivo para evitar una futura explosión inflacionaria y devaluación forzada, mientras se procura recrear las bases de un crecimiento sostenible.
Todo cambio transformador hacia el desarrollo requiere integralidad –tener, pertenecer y ser-, gradualidad y acumulación, en un proceso naturalmente conflictivo que deberemos atravesar.