En una argentina al borde del colapso sanitario por el Covid-19, con decenas de miles de contagiados y cientos de fallecidos diarios, donde oficialmente se admite que el panorama es gravísimo, que el magnánimo personal médico se encuentra desconsiderado y exhausto, que la saturación hospitalaria es más que inminente creciendo el desconcierto en expertos y en gobiernos; pues, en dicho contexto de guerra vírica” la presidente del sector mayoritario de la oposición, atónitamente, convocó a la insurrección” para resistir las medidas generales de prevención y cuidado, contenidas en el Decreto 235/2021, dictado no solamente en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la Constitución Nacional, sino consensuadas con la propia oposición, representada por esta subversiva, lamentablemente aún sin ninguna condena ni de su propio partido político, ni legislativa ni judicial, dado el silencio u omisión del Ministerio Publico Fiscal ante flagrancia semejante.
El alzamiento relacionado encuentra simetría en cada planteo o excusa de lawfare”, o democratización de la justicia, desde la Corte Suprema de Justicia hasta el último de su tribunal inferior.
Mientras demasiados argentinos quedan sin trabajo, se contagian y se mueren, ciertos dirigentes políticos, habitantes de su distopía, sostienen pugnas feroces e inoportunas por el abordaje de la pandemia, por la presencialidad educativa, por las elecciones PASO, y más de menos. Mucho integrante de los tres poderes sabe cuánto pesa un kilo, pero nunca lo ha cargado”, al menos cuando sigue negando, resistiendo y postergando insolidariamente un ecuánime e imprescindible ajuste político, legislativo y judicial ejemplarizador, largamente pendiente.
Los gobiernos ineficientes o corruptos pasan, el hambre queda creciendo sin parar. Somos un país no-pobre, roto por una miseria imparable hija de enriquecimientos ilícitos (¡los hospitales y las vacunas que faltan!), de mentiras y privilegios, de impunidad y desigualdades. Somos un país rico, atrapado en la pobreza e indigencia (42%), agravado por una pandemia infectada de miserables especulaciones políticas, legislativas y judiciales.
Sin alternativas, los emprendedores que aún respiran, se ven constreñidos a realizar malabares para tratar de reinventarse, reinsertarse y permanecer, de alguna manera, en el campo productivo de bienes y servicios, al menos durante las tres semanas de restricciones previstas por el Decreto 235/2021, entre los viernes 9 y 30 de abril.
En algunas ciudades hay toques sanitarios (control de la circulación nocturna), en las provincias hay restricciones en cuanto al modo y la cantidad de personas que pueden reunirse o los horarios de cierre de locales. Finalmente, si debemos privilegiar el derecho a la vida por encima de los intereses económicos, es momento de que quienes detentan el poder al disponer imprescindibles prevenciones y cuidados, compartan los sacrificios del pueblo renunciando a sus privilegios y acompañando verosímilmente a desocupados, emprendedores y pauperizados, como sensata y patrióticamente lo hacen otros países cuando apoyan en este trance vírico, alimentaria, tributaria, tarifaria y financieramente a personas y a empresas.