El Gobierno afrontará una semana clave para uno de los principales objetivos de su programa económico: consolidar la desaceleración de la inflación. El dato oficial de junio, que difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el día martes, es esperado con optimismo por el equipo económico, que confía en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) logre perforar por primera vez en varios meses el umbral del 2% mensual.
Sin embargo, esa expectativa convive con un desafío para el segundo semestre. Mientras el Ejecutivo avanza con una nueva prórroga de la emergencia energética para completar obras de infraestructura y continuar con la reorganización del sistema eléctrico y gasífero, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que un nuevo aumento internacional de los combustibles podría sumar hasta 2,5 puntos porcentuales a la inflación anual de la Argentina. En ese escenario, la política energética aparece como uno de los principales factores que podrían definir si el proceso de desinflación logra consolidarse durante el resto del año.
El desafío del «uno adelante»
Desde la Casa Rosada sostienen que la tendencia descendente de los precios continúa. El vocero presidencial Adrián Ravier proyectó una inflación cercana al 1,9%, aunque aclaró que se trata de una estimación.
«La vemos en 1,9% si tengo que dar un número. Es una proyección; puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo», afirmó.
En la misma línea se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que el Gobierno trabaja para que «la gente pueda quedarse tranquila» respecto de que la inflación continuará descendiendo en los próximos meses, aunque evitó fijar una meta puntual.
El optimismo oficial se apoya en una serie de indicadores privados que muestran una desaceleración de los precios durante junio.
- Econviews detectó una suba de apenas 0,2% en alimentos y bebidas durante la última semana del mes y estimó un aumento acumulado de 1,1% en las últimas cuatro semanas.
- LCG informó que los alimentos no registraron variación semanal y proyectó una inflación mensual cercana al 1,5%.
- Analytica estimó un IPC general del 1,8%.
- C&T Asesores Económicos calculó una inflación del 1,9%, impulsada principalmente por cigarrillos, salud y vivienda.
- Fundación Libertad y Progreso también proyectó 1,8% y consideró que, de confirmarse ese dato, se rompería «el ansiado umbral del 2%».
Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) prevé una inflación del 2% para junio y una trayectoria descendente desde agosto, con una inflación acumulada cercana al 30% para todo 2026.
Como anticipo, la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue del 1,8% en junio, un dato que habitualmente funciona como referencia para el índice nacional.
La energía aparece como el principal riesgo
Aunque la tendencia inflacionaria muestra señales de moderación, distintos organismos advierten que el escenario internacional podría modificar ese recorrido. La Cepal, organismo dependiente de las Naciones Unidas, evaluó el impacto que tendría un aumento del precio internacional del petróleo derivado de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
Según su informe, dependiendo de la magnitud del shock energético, la inflación anual argentina podría incrementarse entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales.
El estudio elaboró tres escenarios.
- Con un incremento del 25% en los precios internacionales de la energía, el impacto sería de 0,9 puntos sobre la inflación.
- Si el aumento llegara al 38%, el efecto ascendería a 1,4 puntos.
- En un escenario extremo, con un petróleo 67% más caro, la inflación anual podría sumar 2,5 puntos porcentuales.
La Cepal aclaró que se trata de un cálculo de impacto directo, sin considerar efectos de segunda ronda ni eventuales medidas de contención que puedan adoptar los gobiernos. En el caso argentino, el organismo recordó que YPF implementó un mecanismo de «buffer de precios» para moderar el traslado de las subas internacionales al surtidor y que el Gobierno aplicó aumentos parciales del impuesto a los combustibles para evitar un impacto inmediato sobre el IPC.
No obstante, advirtió que la evolución futura dependerá tanto de la cotización internacional del petróleo como del ritmo con que esos aumentos se trasladen al mercado interno.
La emergencia energética seguirá vigente
En paralelo con la estrategia para contener la inflación, el Gobierno prepara una nueva extensión de la emergencia energética, cuyo vencimiento operó el 9 de julio. La medida permitirá mantener facultades extraordinarias mientras avanzan obras consideradas estratégicas para fortalecer el sistema eléctrico y reducir el riesgo de cortes durante los próximos veranos. Según trascendió, el decreto podría publicarse en los próximos días en el Boletín Oficial.
La decisión busca dar continuidad a un proceso de normalización iniciado a fines de 2023 y que incluye la revisión integral de tarifas, la focalización de subsidios, la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y un amplio plan de inversiones privadas.
Entre los proyectos más relevantes figuran obras por alrededor de US$6.600 millones para ampliar la red de transporte eléctrico, además de inversiones por US$700 millones en sistemas de almacenamiento mediante baterías y otros US$650 millones destinados a infraestructura para reforzar el abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Según el Gobierno, estas obras permitirán reducir cuellos de botella históricos, mejorar la capacidad de transporte de energía y minimizar el riesgo de interrupciones del servicio.
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Un equilibrio delicado para el segundo semestre
La combinación de una inflación en descenso y una política de normalización tarifaria plantea uno de los principales desafíos de la economía para los próximos meses. Por un lado, el Gobierno busca consolidar la desaceleración del IPC para fortalecer la confianza del mercado y respaldar el programa financiero recientemente presentado. Por otro, necesita continuar con la recomposición del sector energético, avanzar con inversiones y reducir distorsiones acumuladas durante años.
En ese contexto, los precios regulados, especialmente los vinculados a la energía, aparecen como una de las principales variables que podrían condicionar el ritmo de la desinflación. Si el escenario internacional permanece estable y el traslado de los costos energéticos continúa siendo gradual, el objetivo oficial de mantener una inflación mensual con «uno adelante» podría consolidarse. Pero un nuevo shock sobre el petróleo o una aceleración de los ajustes tarifarios volverían a poner presión sobre el índice de precios durante la segunda mitad del año.