El término populismo” es comúnmente utilizado en los medios y debates políticos. Aunque el concepto es difuso y tiene múltiples connotaciones, existe una definición bastante práctica que posee un gran significado para la historia económica argentina:
Populismo es la subordinación constante y permanente del largo plazo en beneficio del corto plazo.”
La ausencia de políticas de largo plazo fue una constante en la última década y esto se hace evidente en el gráfico siguiente, que muestra la evolución del PBI en los últimos años. El estancamiento de la economía comenzó en 2011 y, a partir de entonces, el producto sólo logró crecer en los años impares, con un crecimiento en forma de serrucho” que se asocia básicamente a los años electorales.
Ya en 1990, en un artículo que parece sorprendentemente actual, Dorbunsh y Edwards describieron en Macroeconomic Populism” las cuatro fases comunes al todo ciclo populista:
· En la primera fase las políticas tienen un gran éxito: sube la producción, los salarios reales, el empleo y se mejora la distribución del ingreso. Los planes de estabilización previos que lograron mejorar las cuentas públicas y acumular reservas permiten políticas expansivas sin toparse, en el corto plazo, con las restricciones propias de la dinámica macroeconómica.
· Ya en la segunda fase comienzan a aparecer los cuellos de botella producto de la fuerte expansión de la demanda y la creciente falta de divisas. Los controles de precios y cambiarios se vuelven necesarios para contener las presiones inflacionarias y devaluatorias.
· Pasamos entonces a la tercera fase donde el fenómeno de la escasez se vuelve evidente, la inflación se torna incontenible y la caída de reservas es notable. El déficit fiscal se deteriora fuertemente ante la caída de la recaudación impositiva y el aumento de los costos de los subsidios. Para estabilizar la economía los hacedores de política deben realizar una fuerte devaluación y reducción de subsidios. Los salarios reales bajan drásticamente y la política se torna inestable, evidenciando al gobierno en una situación desesperada.
· Nos adentramos entonces en la cuarta y última fase. La estabilización ortodoxa se realiza en un nuevo gobierno y con frecuencia se aplica un programa del FMI. Para cuando todo el ciclo haya terminado, el salario real habrá bajado hasta un nivel significativamente menor que el prevaleciente cuando se inició todo el proceso, perjudicando principalmente a aquellos que pretendía beneficiar. Estos planes de estabilización son antipáticos, por lo que la sociedad comienza a exigir un programa económico diferente, dando inicio nuevamente al ciclo populista.
Los programas macroeconómicos que se llevan a cabo parten de la premisa que existe una gran capacidad ociosa en el sector industrial, y esta subutilización responde a una mala distribución del ingreso. Por lo tanto, el principal instrumento para crecer es el gasto público orientado a elevar los ingresos de las clases bajas, incluso si es a costa de un mayor déficit fiscal, pues se sostiene que la inflación no responde a fenómenos monetarios sino a la propia estructura de la economía y sólo se necesitan los controles apropiados para evitar el problema inflacionario.
Este marco teórico parece resumir de forma muy adecuada el pensamiento de quienes integran el gabinete económico del gobierno. De hecho, muchas de estas ideas están explicitas en la reciente declaración del presidente del Banco Nación, Claudio Lozano:
Con la elevada capacidad ociosa que todavía tenemos en la industria, es injustificable que tengamos esta inflación. No es un problema de falta de oferta, mucho menos de exceso de demanda, que hoy está muy deprimida. Lo que sí falta es el funcionamiento de un nuevo sistema de precios en el que las decisiones no queden en manos de los grupos monopólicos”
Con este paradigma económico, donde lo importante es el crecimiento y la redistribución del ingreso menospreciando los riesgos inflacionarios, las restricciones macro y la reacción de los agentes ante políticas opuestas al libre funcionamiento de la economía, el gobierno asume en diciembre de 2019, pero rápidamente tuvo que enfrentarse al fenómeno extraordinario de la pandemia que alteró todos sus planes. En ese contexto, el déficit fiscal alcanzó en 2020 el 8,5% del PBI. Sin embargo, incluso con el elevado gasto público y su consecuente déficit, el gobierno no logró el apoyo político que esperaba como quedó evidenciado en las últimas elecciones.
En términos del mencionado ciclo populista, la primera fase esta vez no fue exitosa producto de la crisis sanitaria, y ante mal el resultado electoral, el gobierno decidió profundizar en su lógica de poner dinero en el bolsillo a la gente”; el problema de lo anterior es de dónde sale el dinero que alimenta dicha estrategia. Dado que no se tiene acceso al financiamiento internacional ni superávit en las cuentas fiscales, el gobierno debe recurrir indefectiblemente a la emisión monetaria. Tanto es así que, en el mes de octubre el financiamiento al Tesoro alcanzó el 0,2% del PBI y en el año ya acumula el 2,4% del PBI.
Todas estas políticas están generando una dinámica muy explosiva en materia inflacionaria: en septiembre la suba de precios alcanzó un 3,5% mensual, siendo este el registro más elevado desde marzo de este año, cuando la inflación llegó al 4,8%. Ante esta situación, el gobierno anunció buscar acuerdos para el congelamiento de más de 1200 productos y Roberto Feletti, nuevo secretario de Comercio Interior, sostuvo que si no hay acuerdo, tendremos que sacar una resolución de precios máximos”.
Además, ante la continua caída de reservas internacionales se sigue optando por restringir importaciones, endurecer el cepo y decretar mayores restricciones al acceso del tipo de cambio, lo que se refleja en una brecha cada vez mayor entre el dólar oficial y los tipos de cambio paralelos. Este último punto es clave, pues para que estos programas macroeconómicos tengan éxito en el corto plazo, se necesita una abultada cantidad de reservas que permitan sostener un tipo de cambio bajo y que la expansión de la demanda no se tope con la tan mencionada restricción externa. Sin embargo, mientras en su discurso el gobierno sostiene que hay que exportar más”, en la práctica se observa un fuerte sesgo anti-exportador: derechos de exportación, brecha cambiaria y prohibición a las exportaciones son algunas de las políticas que lo evidencian.
Ahora bien, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? El plan actual del gobierno de cara a las elecciones de noviembre parece resumirse en dos palabras: gastar y controlar. Si se opta por continuar en este sendero, las distorsiones serán cada vez mayores hasta volverse insostenibles, y el fracaso del programa quedará en evidencia cuando se deban desmantelar los controles que encorsetan la economía, dando lugar a una brusca devaluación, aceleración inflacionaria y caída del salario real. Una segunda alternativa, la más optimista, es una estabilización gradual con un aumento del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, mejoras en el plano fiscal y un acuerdo con el FMI que de cierto alivio en las variables financieras.
No tengo ninguna certeza sobre lo que ocurrirá luego de la contienda electoral, y como solemos decir, en Argentina a ningún evento se le puede asignar probabilidad cero. Lo que sí tengo claro es que, para que se logre un crecimiento sostenible en el largo plazo, el país debe salir del ciclo populista en el que se encuentra atrapado. La teoría y la evidencia nos permiten suponer una aceleración tanto de la inflación como de la devaluación en los próximos meses, y mientras quienes leen estas líneas probablemente tengan acceso al mercado de capitales y puedan encontrar instrumentos para proteger sus ahorros, los sectores más desprotegidos serán nuevamente quienes sufrirán en mayor medida las políticas que supuestamente estaban destinadas a beneficiarlos.