Una mujer de 26 años, que estaba desaparecida desde el 4 de abril, fue encontrada ayer asesinada adentro de una bolsa enterrada a 200 metros de la casa de su ex pareja, Ariel González, quien ya estaba detenido como sospechoso del femicidio, en un episodio ocurrido en el partido bonaerense de Moreno.
El hallazgo del cuerpo de Camila Tarocco se produjo cerca de las 0:30 en un descampado, luego que canes rastreadores ubicaran los restos en un sector donde había tierra removida entre unos pastizales. Tras conocerse el hecho, la familia de la víctima reclamó la renuncia del juez Gabriel Castro, quien le había otorgado la prisión domiciliara a González luego de ser denunciado por violencia de género.
El juez dejó el libertad a Ariel (González), el asesino, porque le otorgó la prisión domiciliaria y lo mandó a la casa sin una tobillera y sin custodia. Queremos justicia y que renuncie”, dijo Daiana, prima de Camila. La víctima del femicidio número 13 en lo que va del aislamiento obligatorio dictado por el coronavirus, había salido el 4 de abril a retirar dinero de un cajero automático”, según el relato de González. Sin embargo, la fiscal Luisa Pontecorvo, de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Moreno, dispuso el arresto de la ex pareja de la mujer por inconsistencias” en la declaración.
Además, también se descubrió que González, padre de los dos hijos de Camila, de 5 y 7 años, había violado la prisión domiciliaria. Tras el hecho, niños quedaron al cuidado de familiares del acusado, con quienes vivían previo al hecho, agregaron las fuentes.
Con tobillera
Por otro lado, y a raíz de la pandemia, el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 6ª Nominación de nuestra ciudad autorizó que un agresor, que tiene colocada una tobillera electrónica, resida a 700 metros de la víctima, que también cuenta con el dispositivo, pese a que la normativa vigente establece como requisito esencial” para que opere la medida que denunciado y denunciante fijen sus domicilio con una diferencia mínima de 1500 metros.
La resolución estuvo a cargo de la jueza Zulma Mariel Palmero, quien justificó la normativa en virtud de la actual situación de aislamiento obligatorio. No obstante, en el texto, la magistrada aseveró que la normativa dejará de tener efecto y que la distancia entre denunciado y víctima vuelva a ser la requerida por la ley.