El paciente de 92 años que estaba en grave estado tras contraer coronavirus y que un juez federal había autorizado a que se le dé dióxido de cloro falleció ayer en el Sanatorio Otamendi, en Capital Federal. «Luego de la aplicación, el paciente empeoró en lo respiratorio y murió a las 24 horas», informó ese centro médico, aunque el abogado de la víctima dio otra versión de los hechos.
«El paciente no murió a causa del Covid. El médico que lo trataba sugirió el dióxido de cloro y el Otamendi se negó a hacer el tratamiento. Ante esto se presentó un recurso de amparo y la Justicia lo aplicó», sostuvo el letrado Martín Sarubbi. Asimismo, adelantó que este martes radicarán una denuncia, «imputando por homicidio culposo al Otamendi», ya que «el sanatorio siguió dilatando el tratamiento».
«La realidad es que el dióxido no está prohibido. La Anmat lo desaconsejó, pero no lo prohíbe. El hombre fallece a causa de una infección intrahospitalaria y a causa de que se demora el tratamiento», remarcó el abogado.
La familia del paciente, por recomendación de un médico externo al sanatorio, solicitó al Otamendi que le suministren dióxido de cloro, pero el centro asistencial se negó al remarcar que es algo que está prohibido. Esa determinación obligó a que se presentara un recurso de amparo que fue aceptado por el juez federal Javier Pico Terrero, quien admitió como válida la medida cautelar presentada contra el sanatorio Otamendi y Miroli S.A., en un fallo inédito y repudiado por diversas entidades médicas.
En la misma se determinó que se «administre el uso del ibuprofenato de sodio, a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa» a un paciente en grave estado de salud que «no había respondido a los tratamientos convencionales con oxígeno».
La sustancia, que es promocionada como cura en redes sociales, es muy peligrosa y puede ocasionar graves daños a la salud. Esto explica que se trate de un fallo sin precedente en el país, debido a que el uso del ibuprofenato de sodio fue rechazado por las autoridades de la Anmat.
Tal es así que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y la Asociación Argentina de Neurocirugía advirtieron ayer por sus graves efectos; mientras que el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped, Ignacio Maglio, directamente calificó de mala praxis judicial” al fallo. Ya lo habían expresado la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación Toxicológica Argentina, y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, entre otras.
El Otamendi apeló la decisión por estar en contra de suministrar este tipo de sustancia”.