Frente a la medida del Ministerio Público Fiscal (MPF) de reabrir tres sedes judiciales, la Asociación de Empleados del Poder Judicial (Agepj) de Córdoba declaró el «estado de alerta y movilización» en las unidades judiciales ya que aseguran que estas reaperturas se producen «sin respetar las condiciones sanitarias» que exige el momento epidemiológico actual.
A través de un comunicado, Agepj advierte que «es el peor momento sanitario para realizar una reapertura» y que a esto se le suma el hecho de que «no se ha previsto una cobertura de personal suficiente». Al respecto, afirmaron: «Varias unidades judiciales no cuentan con el personal suficiente para un funcionamiento óptimo según los parámetros establecidos por el mismo MPF».
Desde el gremio, aseguraron que se trata de una «pésima decisión» ya que no cuentan con el personal y que además no se incorporó «a un sólo sumariante», por lo que se sobrecarga con más tareas a quienes ya están trabajando. El secretario adjunto de Agepj, Adrián Valán, indicó que «es una mala decisión de administración de Justicia porque para abrir nuevas (unidades judiciales) sacan personal de las que están funcionando por lo que no mejorará o agilizará la atención de justicia».
Romina Martínez, representante gremial, comentó que desde el sindicato «vienen reclamando constantemente por las condiciones en las deben trabajar, no sólo sanitarias sino también por la constante presión y estrés que conlleva la tarea». En lo que respecta a la decisión del MPF de poner en marcha tres sedes nuevas, Martínez consideró que «constituye un atropello más, dado que carga sobre la espalda de las trabajadoras y trabajadores del sector la responsabilidad de prestar un deficiente servicio de justicia».
Además, Martínez agregó que en caso de producirse «el mínimo incumplimiento de protocolos de bioseguridad, falta de insumos o deficientes condiciones edilicias», se procederá a la «retención de tareas» con el objetivo de preservar la salud de los trabajadores. Frente a esto, el gremio de empleados hace responsable a «las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) de cualquier consecuencia para la salud tanto de empleados y empleadas como de la ciudadanía que concurra a esos centros judiciales».
Federico Cortelleti, secretario general del gremio, también mostró su enojo por la decisión del Ministerio. «Abren tres nuevas unidades judiciales más, como si no estuviéramos inmersos en la segunda ola de Covid», señaló. Además, advirtió sobre un posible escenario sanitario: «Van a tener que cerrar otras completas cuando haya un brote porque el personal es totalmente insuficiente y se ha abandonado la rotación como medio para compartimentar al personal y evitar la propagación del contagio».