SANTIAGO DE CHILE.- La explosión de una bomba enviada en una encomienda en un cuartel policial del municipio de Huechuraba generó una conmoción en Chile, que comenzó a analizar medidas para endurecer la lucha contra el “terrorismo”.
El viernes, dos “paquetes bomba” despertaron súbitamente los peores fantasmas en el vecino país: el primero detonó en la citada comisaría, hiriendo a ocho carabineros con distinta gravedad, mientras que el segundo logró ser desactivado antes de su detonación. Había sido enviado a las oficinas del ex ministro chileno de Sebastián Piñera (2010-2014) Rodrigo Hinzpeter, gerente de Quiñenco, uno de los principales grupos económicos del país. Ambos envíos tenían el mismo remitente, aunque se investiga si se trata del autor real.
“Condeno total y absolutamente este cobarde atentado terrorista, porque cada vez que se mata a un carabinero o se trata de matar a muchos carabineros se está atentando contra nuestra democracia y contra la seguridad de todos los chilenos”, señaló por la noche el presidente Piñera, aunque el hecho puso en duda la eficacia de las fuerzas de seguridad y la inteligencia chilenas en prevenir estos delitos.
Si bien nadie se adjudicó la autoría del ataque, Piñera aprovechó para impulsar una “ley Antiterrorista” en el Parlamento, que “dará muchos más instrumentos y facultades a las policías, los fiscales y los jueces”, según argumentó. “Enviar un paquete con una bomba a una comisaría de Carabineros, sin duda, lo que pretende es causar terror y por lo tanto el Ministerio del Interior se ha querellado invocando la ley Antiterrorista”, precisó el jefe de Estado.
A su vez, el ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, pidió luego al Senado que apruebe la norma que se votará en dos semanas: “La ley (antiterrorista) permitirá que las policías y los fiscales puedan tener los instrumentos de investigación especial, como agentes encubiertos, interferencia de comunicación y entregas vigiladas”, afirmó.
El hecho hizo recordar atentados similares ocurridos durante el último tiempo en Chile, como el que afectó en mayo al presidente del Directorio del Subte, Louis de Grange, o el que cuatro meses antes detonó en una parada de colectivos. En ninguno de estos casos se encontraron a los responsables.