BRASILIA.- La difusión de los múltiples focos de incendios desatados en el Amazonas puso a la gestión de Jair Bolsonaro en el ojo de una tormenta global, con críticas de todas las latitudes por su política de-saprensiva con el tesoro selvático considerado el “pulmón del mundo”.
Mientras la etiqueta “#PrayforAmazon (Reza por el Amazonas)” se convertía en tendencia global y Bolsonaro acusaba, sin mostrar pruebas, a las organizaciones de defensa del medioambiente de causar las llamas deliberadamente, en venganza por el recorte de fondos decretado por él mismo; en el primer mundo crecía el estupor ante la situación: desde Naciones Unidas hasta los principales líderes europeos salieron a reclamar una reacción acorde del presidente brasileño, que ayer volvió a caer en acusaciones insólitas (ver El mandatario…).
El propio secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” por la situación y aseveró que “en medio de la crisis climática mundial, no podemos permitirnos más daños a una gran fuente de oxígeno y biodiversidad. El Amazonas debe ser protegido”. A su vez, el presidente francés, Emmanuel Macron, catalogó la situación como “crisis internacional” y anunció la inclusión del tema en la agenda del G7 que se desarrollará este fin de semana.
“Nuestra casa arde. Literalmente. El Amazonas, el pulmón de nuestro planeta y que produce el 20% de nuestro oxígeno está en llamas”, advirtió Macron desde Twitter, donde invitó a los líderes del G7 a “hablar de esta urgencia” en la cumbre.
Ya la semana pasada, Alemania y Noruega habían congelado los fondos de ayuda internacional que aportaban para proteger la selva amazónica, luego de que el Ministerio de Medio Ambiente brasileño anunciara que daría de baja el comité que selecciona proyectos para combatir la deforestación y reasignaría esos recursos para “compensar” a granjeros cuyas tierras fueron expropiadas. “¿Angela Merkel no me enviará 80 millones de euros para el Amazonas? Que se quede con el dinero y reforeste Alemania. ¿Y cuál era el otro país? ¿Suecia, Noruega…? Ah sí, Noruega, que tampoco dará otra cantidad a Brasil. Que lo envíen a Merkel para que reforeste Alemania”, ironizó entonces Bolsonaro.
Pero lo cierto es que el comportamiento del mandatario brasileño está poniendo en riesgo hasta el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que en sus condiciones exige que Brasil cumpla con el Acuerdo Climático de París 2015, que puso plazo hasta 2030 para terminar con la deforestación ilegal del Amazonas. Los científicos de hecho temen que la deforestación esté llegando a un punto de “no retorno”: estiman que si se destruyen entre un 3 y un 8 por ciento más de la selva natural, el proceso empezará a retroalimentarse, es decir que el bosque no volverá a crecer por sí mismo.
Ante esta situación, la red global de Juventudes por el Clima llamó a manifestarse hoy frente a las sedes diplomáticas de Brasil en todo el mundo para rechazar “la terrible política ambiental del Gobierno brasileño, que ve al Amazonas como una bolsa de dinero”. Este “no es un problema local” sino un “problema que tiene repercusiones globales”, afirmaron desde la organización y pidieron a los políticos de todo el mundo “tomar medidas y denunciar la destrucción de ese ecosistema esencial”.
El mandatario volvió a atacar a las ONG
Lejos de recular, el presidente Jair Bolsonaro volvió a la carga ayer contra las organizaciones ambientales por la situación del Amazonas. “¿Quieren que culpe a los indígenas? ¿Quieren que culpe a los marcianos? Todo el mundo es sospechoso, pero los principales sospechosos son las ONG. Es simple: esas organizaciones han perdido sus beneficios”, aseveró al ser consultado sobre la responsabilidad de los incendios. Más tarde, ante la multiplicación de las críticas, afirmó que “no tenemos recursos para combatir estos incendios”: “El Amazonas es más grande que Europa, ¿cómo se combate un incendio provocado en una zona así?”, argumentó Bolsonaro. Por su parte, Rede Sustentabilidad presentó ante el Tribunal Supremo del país una solicitud de “impeachment” contra el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, por su responsabilidad en una gestión ambiental “criminal”.