MADRID.- El Tribunal Supremo de España impuso todo el peso de la ley al condenar ayer a los líderes independentistas que organizaron el referéndum de Cataluña en octubre de 2017 con duras penas, lo que desató protestas masivas en Barcelona que se resolvieron con una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad. La Justicia española sentenció a 13 años de prisión al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, por el cargo de “sedición y malversación de fondos”, y a 11 años y medio por “sedición” a la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell.
Las condenas continuaron con los ex consejeros del Gobierno catalán Jordi Turull, Raúl Romeva y Dolors Bassa, quienes recibieron penas de 12 años por sedición y malversación, mientras que Josep Rull y Joaquim Forn merecieron 10 años y medio por sedición. Otros líderes de organizaciones soberanistas fueron sentenciados con 9 años por el delito de sedición, mientras que otros tres ex consejeros recibieron 20 meses de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. “No hay otra opción que construir un nuevo Estado para huir de este que persigue a demócratas, prohíbe votar y protestar y encarcela por ideas políticas”, reaccionó Junqueras, mientras que el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, dijo que “el Govern y yo mismo rechazamos estas sentencias por injustas y antidemocráticas, y por formar parte de un juicio político y ser parte de una causa contra el independentismo”. Además, anunció que convocaría una reunión urgente con el rey de España, Felipe VI, y el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para abordar la “crisis”.
Sin embargo, el propio Sánchez salió a anunciar pronto su “absoluto respeto” a la sentencia del Tribunal Supremo del país y su “acatamiento” y “cumplimiento íntegro”, confirmando que no habrá posibilidades para un indulto o una amnistía presidencial. Los nueve dirigentes independentistas encarcelados y condenados emitieron poco después un comunicado en el que consideraron que la sentencia “no ha hecho justicia” sino que el Estado buscó “venganza y castigo” en el proceso. Por ello, Junqueras y el resto de presos emplazaron a los ciudadanos a “preservar la dignidad” y a “no perder la capacidad de indignarse y rebelarse contra las decisiones injustas”, y los llamaron a “salir a la calle” aunque con “incondicional adhesión a los principios de la no violencia”.
La respuesta ya estaba en las calles de Cataluña, donde miles de manifestantes marcharon, cortaron rutas y vías férreas en protesta por la condena. El punto álgido de las protestas estuvo empero en el aeropuerto de Barcelona, donde miles de personas acudieron por todos los medios con la intención de colapsar sus accesos e impedir su funcionamiento. Más de un centenar de vuelos fueron cancelados, hasta que los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional cargaron violentamente contra los manifestantes independentistas hasta recuperar los accesos, cerrados durante horas por carretera, tren y metro. El saldo de la represión habla de la dimensión de las protestas: al menos unos 60 heridos, 53 de los cuáles se produjeron en el aeropuerto de El Prat.