El documento presentado por la abogada Fatou Bensouda ante la CPI pide enjuiciar a Piñera y a todos los funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la represión de las protestas de hace un año y medio por considerar que cometieron de manera generalizada y sistemática crímenes de lesa humanidad. Según los denunciantes, la Justicia chilena archivó más de 3.000 causas de violaciones a los derechos humanos sin investigación, lo que a su juicio pone de manifiesto la impunidad que se vive en Chile”.
Los casos son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito, en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la CPI y, en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”, sostuvieron los denunciantes ante La Haya. La CPI no tiene plazos para decidir si admite la acusación con lo que cual es poco probable una pronta respuesta.