Los Poderes Judicial y Legislativo de Brasil le infligieron ayer una dura derrota al presidente Jair Bolsonaro en otro capítulo del enfrentamiento del mandatario con los otros poderes del Estado. Por un lado, la ministra del Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber suspendió una medida provisional dictada por Bolsonaro que modificaba una ley con el objetivo de dificultar la eliminación de fake news” de las redes sociales. Casi simultáneamente, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, rechazó por inconstitucional el decreto de Bolsonaro que prohibía la remoción arbitraria” de contenidos en las redes sociales.
El objetivo del mandatario era proteger a las redes bolsonaristas que viralizan noticias falsas a su favor, en una estrategia ya clásica del líder ultraderechista para ensuciar a sus rivales. Bolsonaro firmó la medida —que debía entrar en vigor en octubre— un día antes de la fiesta de la Independencia de Brasil, la semana pasada, donde ratificó sus amenazas golpistas contra el STF con una contundente demostración de fuerza de sus seguidores.
Bajo la promesa de garantizar la libertad de expresión”, la disposición prohibía a empresas como Facebook, Twitter y YouTube retirar contenidos y perfiles que violaran sus términos de servicio, salvo por justa causa”, es decir que requieran la mediación de la Justicia brasileña. Los criterios para eliminar contenidos podían estar relacionados con la pedofilia, la pornografía o el tráfico de drogas. Sin embargo, la norma no preveía la eliminación de contenidos falsos, incitaciones al odio, a la violencia o al acoso virtual.
En la práctica, la medida era un blindaje para el propio Bolsonaro, a quien el propio STF le inició una investigación por difundir noticias falsas. Sin embargo, a sólo una semana de que fuera dictado, el DNU fue volteado tanto por el Senado como por el STF, que ayer lo invalidaron con distintos argumentos.
La decisión más potente en términos políticos fue la devolución del decreto al Ejecutivo por parte del Senado, algo extremadamente inusual, bajo el argumento de que la mera tramitación de la medida ya es un factor que atenta contra el desempeño de la misión constitucional del Congreso Nacional”. Las medidas revelan la extrema fragilidad en la que se encuentra Bolsonaro y su nivel de enfrentamiento con los otros poderes del Estado.