Desde 2014, más de 80.000 personas han muerto o desaparecido en rutas migratorias alrededor del mundo, muchas de ellas mientras intentaban llegar a Europa o Estados Unidos a través de travesías marcadas por el desierto, el mar, los grupos armados y las redes de tráfico humano. Solo en 2025, cerca de 8.000 migrantes perdieron la vida o desaparecieron durante el trayecto. Y la tragedia continúa: en lo que va de 2026, según la organización Médicos Sin Fronteras, al menos 1.000 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo.
Detrás de estas cifras no hay solo estadísticas, sino familias separadas, sueños interrumpidos y personas obligadas a arriesgarlo todo con la esperanza de encontrar un lugar mejor donde vivir. Frente a esta realidad surge una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿hasta cuándo prevalecerá la indiferencia ante una crisis humanitaria que se cobra miles de vidas cada año?
En medio de este contexto, Hoy Día Córdoba dialogó con Sandra Gil, investigadora del Conicet, socióloga de formación y coordinadora del programa Migraciones, políticas y desigualdades en perspectiva interseccional, para profundizar en las causas y consecuencias de las migraciones actuales.
Los procesos migratorios están atravesados por factores diversos que van mucho más allá de las guerras o los conflictos armados. Aunque el concepto de “migraciones forzadas” suele asociarse a personas que huyen de sus países de origen o necesitan protección internacional, Gil señala que las razones que empujan a millones de personas a abandonar sus hogares son mucho más complejas.
“En general, hay un intento de dividir las migraciones económicas de las migraciones por persecución o necesidad de protección. El tema es que también las migraciones económicas se pueden pensar como migraciones forzadas, porque la gente se ve forzada a migrar cuando no pueden sostener sus condiciones materiales de existencia”, explicó Gil.
Para la investigadora, resulta más adecuado hablar de las “causas de las migraciones” y observar tanto los contextos de origen como los de destino. En ese sentido, mencionó factores como “la pobreza, las situaciones de violencia generalizada, los conflictos armados” y las consecuencias de procesos históricos de colonización, cuyos efectos continúan en la actualidad.
Además, sostuvo que no solo deben analizarse las condiciones que expulsan población, sino también aquellas que atraen mano de obra migrante. “Hay mercados laborales que no podrían sostenerse si no fuera con la mano de obra extranjera”, señaló al referirse a sectores como el trabajo doméstico, la agricultura o la construcción en países europeos.
Sin embargo, advirtió que esa demanda de trabajadores migrantes suele desarrollarse en contextos marcados por fuertes desigualdades. En ese sentido, cuestionó la idea de que la irregularidad migratoria sea una característica propia de las personas migrantes. “La irregularidad no es una condición de los migrantes, sino que es producto de la aplicación de determinadas leyes”, sostuvo, al explicar que ciertos marcos normativos pueden generar condiciones de vulnerabilidad laboral y favorecer situaciones de sobreexplotación.
A partir de ello, la investigadora propone abordar la migración desde una perspectiva integral que contemple simultáneamente los contextos de origen y de destino. “Siempre hay que pensar emigración-inmigración, porque un inmigrante antes fue un emigrante”, afirmó. Desde esta perspectiva, es fundamental observar tanto las condiciones en los países de origen como aquellas presentes en los destinos que generan demanda de mano de obra migrante.
¿Quiénes son los refugiados?
Dentro de la complejidad de los procesos migratorios existe una situación particularmente crítica: la de las personas refugiadas y aquellas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por guerras, persecuciones o contextos de violencia extrema.
Al respecto, Gil explicó que el refugio constituye un estatuto jurídico otorgado por un Estado, por lo que una persona solo puede ser considerada refugiada una vez que obtiene ese reconocimiento oficial. En cambio, categorías como exiliados, solicitantes de asilo o personas en necesidad de protección no dependen necesariamente de una validación estatal. “Cuando se habla muchas veces de refugiados, no hay gente refugiada, porque no tiene el estatuto de refugiado”, destaca.
Sobre este proceso de reconocimiento, la investigadora señala que no depende únicamente de la situación de vulnerabilidad o de la necesidad de protección de las personas, sino que está atravesado por factores políticos, proximidades culturales y relaciones de poder entre los Estados. Como ejemplo, señala las diferencias en la recepción por parte de la Unión Europea (UE) de las personas desplazadas por la guerra en Ucrania, ampliamente favorecida en comparación con la de solicitantes de asilo provenientes de Afganistán y de otros países de Asia y África. En este sentido, Gil habla sobre la figura de un “refugiado ideal”, que se construye a partir de criterios que exceden la necesidad real de protección.
Las fronteras del refugio
En línea con esta mirada, Gil advierte que el acceso al refugio también se encuentra condicionado por políticas migratorias cada vez más restrictivas. Según explica, desde mediados de los años ochenta la Unión Europea ha construido “todo un andamiaje normativo” orientado a dificultar la llegada de solicitantes de asilo, mediante mecanismos como las categorías de “tercer país seguro” o “país de origen seguro”, que limitan las posibilidades de acceder a la protección internacional.
En este marco, la investigadora sostiene que el control migratorio ya no se ejerce exclusivamente en las fronteras europeas, sino también a través de acuerdos y dispositivos desplegados en países de origen y tránsito. “Los controles ya no se ejercen en la frontera de Europa, sino en el camino hacia Europa”, afirmó, al describir una estrategia orientada a limitar el ingreso de personas que buscan protección internacional.
Sin embargo, Gil advierte que estas políticas no necesariamente reducen la cantidad de personas que migran, sino que vuelven las travesías “cada vez más peligrosas” y generan una “vulnerabilización constante” de quienes intentan desplazarse. Las restricciones empujan a miles de personas hacia rutas más riesgosas, con “graves riesgos para la vida”, una dinámica que —remarcó— también comenzó a consolidarse en América Latina durante la última década, en corredores como el Darién, el norte de Chile o la frontera entre México y Estados Unidos.
Frente a este escenario, la investigadora cuestionó la naturalización de las muertes en las rutas migratorias y el trato desigual hacia determinadas poblaciones desplazadas según su origen. “Hay quienes hablan de genocidio, y yo creo que lo es”, sostuvo.
Migración, seguridad y un horizonte desalentador
Al pensar en los próximos años, Gil no oculta su pesimismo. Para la investigadora, uno de los principales obstáculos para abordar las migraciones desde una perspectiva de derechos humanos es que continúan siendo tratadas como un problema de seguridad. “La migración aparece como nueva hipótesis de conflicto”, sostiene al explicar cómo, especialmente desde los años noventa, los desplazamientos poblaciones comenzaron a vincularse cada vez con agendas de control, terrorismo y seguridad fronteriza.
En este sentido, Gil advierte que mientras la migración y el refugio sigan siendo pensados como amenazas, las respuestas estatales continuarán orientadas al endurecimiento de las fronteras y no a la protección de derechos.
Lejos de mostrar señales de mejora, el escenario global parece empujar a un aumento de los desplazamientos humanos. “Creo que es un escenario bastante desalentador”, sostiene Gil, al advertir sobre el impacto combinado de los conflictos armados, la desigualdad, la precarización laboral y la crisis climática. Frente a ello, plantea la urgencia de repensar las migraciones desde una perspectiva basada en los derechos y no en la securitización de las fronteras, en un contexto donde —alerta— las garantías internacionales de protección atraviesan un momento de fuerte retroceso.