El Gobierno de Brasil repudió enérgicamente la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a productos de origen brasileño, en una escalada de tensiones diplomáticas y comerciales que vuelve a distanciar a ambas naciones.
Los gravámenes entrarán en vigor el próximo 22 de julio y son el resultado de una investigación iniciada hace un año por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la denominada Sección 301, una norma que permite a Washington investigar y sancionar prácticas comerciales que considere desleales.
Las nuevas tarifas alcanzarán a productos como azúcar, maquinaria agrícola, prendas de vestir, maquinaria eléctrica, papel y acero, mientras que la carne bovina, el café, el jugo de naranja, la celulosa y las piezas para la fabricación de aviones quedaron exentos.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Green, defendió la decisión al afirmar que «la medida es necesaria para hacer frente a prácticas comerciales desleales y garantizar que los trabajadores y las empresas estadounidenses puedan competir en igualdad de condiciones».
Lula respondió con una denuncia ante la OMC
Como respuesta, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que Brasil activará los mecanismos nacionales de reciprocidad y llevará el conflicto ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
«El 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable», escribió el mandatario en sus redes sociales.
Lula sostuvo que no existe justificación para la imposición unilateral de los aranceles y aseguró que Brasil no reconocerá investigaciones comerciales que no respeten las reglas multilaterales.
«Nunca hemos abandonado la mesa de negociación para defender los intereses nacionales», afirmó el presidente brasileño.
Críticas a la familia Bolsonaro
En su respuesta, Lula vinculó la decisión de Washington con el escenario político interno y acusó a la familia Bolsonaro de haber colaborado activamente para favorecer las sanciones estadounidenses, en plena antesala de las elecciones presidenciales de octubre.
«Son falsos patriotas, que planearon y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales», afirmó.
El Gobierno brasileño también defendió sus políticas internas frente a las críticas de Washington. En particular, reivindicó el sistema de pagos instantáneos PIX, al que calificó como «un patrimonio de nuestro pueblo y una referencia internacional de infraestructura pública digital».
Asimismo, sostuvo que no renunciará a regular las plataformas digitales para proteger a los ciudadanos, al remarcar que «la libertad de expresión no es carta blanca para la criminalidad».
Brasil también recordó que 63 de las 78 presentaciones realizadas por empresas de ambos países durante las audiencias del USTR se manifestaron en contra de la aplicación de los aranceles.
Los argumentos de Washington
Desde la Casa Blanca, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la decisión al sostener que el Gobierno de Lula «no ha negociado con Estados Unidos de buena fe» durante el último año.
El funcionario aseguró que las políticas económicas del mandatario brasileño «son malas para los estadounidenses y para los brasileños» y sostuvo que los nuevos aranceles representan el «precio» que Brasil debe pagar por priorizar intereses políticos sobre los acuerdos comerciales.
Washington también acusa a Brasil de proteger de forma indebida a sus industrias, combatir de manera insuficiente la corrupción y favorecer, mediante el sistema PIX, a competidores de empresas estadounidenses como Visa y Apple.
Una relación cada vez más tensa
La nueva disputa comercial se produce pocas semanas después de que Lula calificara públicamente a Rubio como «un enemigo mortal» de América Latina y un «latinoamericano frustrado», en un contexto ya marcado por desacuerdos diplomáticos y de seguridad.
Además, no es la primera escalada comercial entre ambos países. El año pasado, Estados Unidos llegó a imponer aranceles del 40% sobre diversas exportaciones brasileñas, que luego fueron reducidos parcialmente y sustituidos por una tasa provisional del 10%, vigente hasta este mes.
