Problemas y desafíos del Brexit británico

Problemas y desafíos del Brexit británico

El 29 de marzo se cumplió el plazo de dos años que regía para concluir todos los problemas para que el Reino Unido concrete su autoexclusión de la Unión Europea (UE). Son condiciones ineludibles cancelar todas deudas que tengan con los países miembros por una cifra estimada en unos 60.000 millones de euros. Cabe advertir que los gobiernos de Escocia e Irlanda del Norte no fueron consultados antes de adoptar esa decisión en Londres, y han expresado su interés en mantenerse dentro de la UE. La respuesta a aquella aspiración por parte de las autoridades de Bruselas fue rotundamente negativa, exigiéndoles que opten por conservar sus actuales socios o, en su defecto, recién después de que la separación, podrá adherir a la Unión.

El referéndum realizado en el Reino Unido el 23 de junio de 2016 arrojó una leve mayoría para los que optaron por dejar de pertenecer a la UE (51,9%, y se estima que en la actualidad muchos de ellos están arrepentidos de haber votado así). La primera ministra lidera una fracción que acepta suscribir ciertas normas impuestas y concibe un Brexit “blando”, pero esa alternativa es repudiada por los que adhieren a uno que identifican como “duro”, liderado por el ex canciller renunciante justamente por su diversa postura. Estos últimos quieren abandonar la UE y plantean como vital lograr plena libertad de acción, sin conservar vínculos con el resto de Europa.

Son muchos los economistas británicos que no están de acuerdo con lo decidido y reclaman que se haga una nueva consulta a toda la población para ratificar o rectificar tal decisión. Hasta el momento se desconoce si sus autoridades han establecido o ampliado relaciones con EE.UU. u otros países, que permitan sustituir las que en Bruselas se han dado por definitivamente terminadas. Dado que diplomáticos británicos intentaron reiteradamente impulsar a Italia para que adopte una actitud semejante, estas maniobras han ido tensando las relaciones y crearon un “clima” muy poco propicio para lograr nuevos acuerdos.

La premier Theresa May fracasó en su intento de concertar un “Brexit atenuado”, pues en el seno de la UE hubo un rechazo total, aunque dejaron constancia que han “dejado las puertas abiertas”. La intensa campaña publicitaria destinada a quitarle relevancia a la ruptura sólo le ha permitido mantener relaciones económicas y comerciales con países europeos que no integran la Unión. Es oportuno recordar esta asociación no es un Acuerdo de Libre Comercio, como el que rige entre EE.UU., Canadá y México, donde cada país miembro mantiene dentro de su respectivo territorio plenas facultades para fijar sus propios aranceles. Ello significa que los productos originados en uno de los tres países socios deben enfrentar sendas inspecciones aduaneras para controlar que provengan originariamente de los mismos en una elevada proporción, habitualmente no menos del 80%, si pretende incursionar en los dos restantes, vuelven a ser gravados. Los controles aduaneros se caracterizan por ser muy minuciosos y demoran considerablemente la circulación de los productos.

El régimen de la UE fuerza a establecer aranceles externos comunes, que deben cumplimentarse solamente una vez (en oportunidad de ingresar a cualquiera de los países miembros); posteriormente sin otras restricciones pueden ser transportados y comercializados libremente en cualquiera de los demás. Por lo tanto, su estructura corresponde al de una Unión Aduanera, y se la considera no sólo superior sino mucho más integral en cuanto a la coordinación entre sus miembros. Las controversias se han minimizado pero la decisión británica ha operado negativamente, complicando las relaciones; el principal desencuentro actual se refiere a la pretensión británica de seguir introduciendo en el continente, sin pagos adicionales, automotores y autopartes fabricadas en su territorio.

En tales condiciones, no es nada seguro que se pueda evitar un conflicto, ya que el Brexit generará un altísimo costo a quién abandona y rompe con el esquema de intercambio. Hay analistas que han creado alarma, pues sostienen que en Londres las consecuencias no han sido bien evaluadas y pueden repercutir en una “guerra comercial de trascendencia ecuménica”. Sólo si constituyera una unión con EE.UU. y éste estuviera dispuesto a hacer importantes concesiones, Inglaterra podría lograr una sustitución integral de mercados. Esa alternativa, en general, ha venido siendo desechada pues entre ellos existe una enorme asimetría, que hace imposible mantener una relación razonablemente equilibrada.

Debe recordarse que durante los últimos 50 años hubo muchos conflictos de naturaleza semejante, que al cabo de un tiempo terminaron cuando ambas partes llegaron a la conclusión que a ninguno le convenía seguir alentando tan irracional entorpecimiento de las relaciones comerciales. Cabe agregar que el volumen de las exportaciones se suelen estimar con bastante precisión a países seleccionados y evaluarse como un cierto porcentaje de su PBI. Es cierto que EE.UU. siempre es un destino de elevado nivel de demanda, aún en el supuesto que pudiera llegar a un acuerdo, el obstáculo de la distancia y el lógico encarecimiento de los fletes obrarían como una traba insalvable y, para colmo de males, las potenciales exportaciones británicas no contarían con un régimen de mercado común sino una simple “zona de libre comercio”. En consecuencia, los analistas no logran comprender las razones que impulsaron a autoexcluirse de la Unión Europea.

Pareciera que aunque algo tarde, Theresa May ha comprendido que están en un serio brete y procura salvar las nuevas dificultades logrando concertar un régimen especial que asegure el libre acceso al mercado de Europa continental. Pero en Bruselas la reacción ha sido de rechazo a tal alternativa, pues suponen que de no hacer pagar las consecuencias al país disidente, podría impulsar a otros para ensayar una apertura semejante. Son múltiples los interrogantes sin respuesta que se formulan; todos aguardan “algo”, pero no desean incursionar mediante supuestos aventurados y sólo advierten que para ellos es un “craso error político y económico”.

Profesor de Postgrado-FCE-UNC

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