El gobernador controla números, recibe informes sobre gastos y recortes posibles en el funcionamiento de la administración pública. La orden y, tal vez la meta, es ejecutar muy por debajo de lo presupuestado. Cotidianamente el contador Gerardo Pintucci y Mónica Zornberg visan erogaciones que deben estar justificadas y que tengan impacto concreto en el territorio y en la gente. Con esa premisa los ministros comenzaron a chocar contra las repetidas negativas que llegaban desde el Panal. Los funcionarios antes se enteraron por el SIAF (Sistema Integral de Administración Financiera) que las restricciones imponen requerimientos que antes no se observaban.
La pregunta que se impone es por qué esta medida llega tarde cuando el contexto exigía actuar con premura. En el 2024 Llaryora pagó un alto costo por desconocer la cláusula gatillo que debía actualizar los salarios de los docentes y ahora paga, en parte, los costos de aquella decisión de licuar los salarios de los empleados públicos con pérdidas de poder adquisitivo que ahora se reclaman. También se podrían haber planteado limitaciones en el gasto cuando se tomó la determinación de recortar impuestos en sintonía con los pedidos que Milei les reclamaba a las provincias. Aquello ocurrió cuando ya se acumulaban meses de caída del consumo con el consiguiente impacto en los impuestos atados a la actividad. “¿Tan optimista fue la lectura sobre el rumbo económico?”, se pregunta un economista que asesoró a varias administraciones.
Pero el poder político nunca tuvo barreras en el gasto en sintonía con la merma en los recursos disponibles. Incluso cuando se acumularon meses consecutivos de caídas en los envíos por coparticipación nacional o por menos recaudación propia. Las cúpulas siguieron gastando sin reconocer que la tormenta de arcas vacías podía afectarlos de manera directa. Varios ministros que nunca tuvieron limitaciones deberán comenzar a gestionar con más inteligencia, menos recursos y, por lo tanto, con poder acotado.
“El control de los gastos llegan justo a tiempo y son una medida razonable”, asegura un ministro que defiende la visación de las erogaciones, pero varios funcionarios que manejan programas concretos y de impacto real se quejan de que ahora deben dar de baja lo planificado. “Una previsión a tiempo nos ahorraba tener que comunicar la caída de muchas líneas de trabajo que la gente esperaba y ahora no sabemos si se podrán ejecutar más adelante”, se lamentaba un empleado jerarquizado de un ministerio.
Por ahora, los únicos números que le traen alegría al gobernador son los de las encuestas donde empieza a tomar la delantera respecto del presidente Milei. Según la consultora Aresco, Llaryora tiene una imagen positiva del 53,7 por ciento contra 48,8 del libertario con diferenciales positivos para el cordobés si se resta la negativa a estos valores. El dato no es menor ya que coincide con varios analistas que sondean una caída fuerte de Milei en la consideración ciudadana de la mano del fuerte deterioro económico de los hogares argentinos.
Los gobernadores y los empresarios ante la tormenta económica
Los vientos que soplan desde la Casa Rosada no parecen buenos para ningún mandatario provincial y ya se instaló la preocupación por no caer en las cuasi monedas antes que los colegas. Los ATN que se destinan a algunos distritos y a otros no alcanzan para pagar favores políticos en el Congreso pero no cubren los compromisos de servicios públicos que resultan crecientes para los gobernadores. Tampoco son suficientes los adelantos de Coparticipación con interés del 15 por ciento que solicitaron algunas provincias.
Tal es el impacto de la crisis en las cuentas fiscales que las empresas tampoco ven un horizonte de mejoría en el corto y mediano plazo. La reunión del viernes pasado en la Bolsa de Comercio dejó mucha tela para cortar. La senadora Patricia Bullrich desembarcó con el objetivo de ordenar la tropa política propia en la Provincia que mejor nivel de aprobación le otorga. Luego del encuentro le marcó la cancha a Gabriel Bornoroni al señalar -según fuentes que fueron testigos del encuentro privado- las condiciones del armado que piensa para Córdoba con el aparato del PRO local bajo su control. Pero antes tuvo que ensayar una defensa bastante tibia del Jefe de Gabinete Manuel Adorni –“Será la justicia la que deba decidir”- y escuchar al presidente de la entidad, Manuel Tagle, pidiendo un proceso “ligeramente más gradual (…) aunque persistiendo en el rumbo, porque empresas y sectores productivos que piden suavizar (…) para que socialmente el plan tenga éxito”.
El panorama que trazó el dueño de múltiples concesionarias habla de lo delicado del momento económico y financiero ya que salen de la boca del vocero del círculo rojo cordobés, de un férreo liberal defensor del recorte de los gastos públicos y de un hábil proveedor de vehículos del Estado Provincial. Al fin y al cabo, la economía es la que manda.