Sr. Director:
Nos dirigimos públicamente al Intendente de la ciudad de Córdoba, ya que por nota le solicitamos audiencia el día 14 de diciembre del año 2023 (Expte. ………), para ser recibidos personalmente y con la participación de los funcionarios responsables de las áreas de Participación Ciudadana, de Desarrollo Urbano Integral, de Ambiente Sustentable, de Cultura y de Fiscalización y Control a los fines de abordar distintos temas de interés para el desarrollo integral de la ciudad, sin que haya dado respuesta alguna.
Al parecer, el Intendente ha olvidado que los vecinos somos los protagonistas y artífices de la vida cotidiana y el destino común de la Ciudad, sentido y razón de ser del Municipio (art. 9 de la Carta Orgánica Municipal), pero sí se reúne y lo hace público con la Cámara de desarrollistas inmobiliarios, que solo persiguen beneficiarse económicamente con autorizaciones y acuerdos a espaldas de la sociedad, en los que se les otorga excepciones a las ordenanzas de uso del suelo y edificación -a las que todos los ciudadanos debemos someternos bajo sanción de demolición y multa-, a cambio de “beneficios”.
Estos desarrollistas que se creen dueños de la ciudad, que amenazan a los vecinos y pretenden intimidar a la justicia invocando el derecho de propiedad, no asumen que los artículos 14 y 240 del Código Civil y Comercial de la Nación establecen respectivamente la prohibición del abuso del derecho y la limitación del ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, cuando puedan ser afectados el ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general.
Desarrollistas que dicen trabajar para resolver el tema habitacional, yendo por la densificación o la ampliación de la mancha urbana, ya que les da igual mientras sea un gran negocio, por eso no lo hacen en zonas marginales, sino que pretenden hacerlo en zonas residenciales sin cloacas, a las que malintencionadamente tildan de zonas “deprimidas”, y la Municipalidad se presta al juego, tanto el ejecutivo y sus funcionarios de las áreas específicas como los concejales oficialistas, favorecidos por la cláusula de gobernabilidad.
Resulta evidente que con tales conductas se incumple el art. 15 de la Carta Orgánica Municipal, que establece el deber del Municipio de promover la planificación integral, siendo que uno de los principales objetivos de dicha planificación integral es lograr una ciudad funcionalmente equilibrada, articulada con su entorno metropolitano, ambientalmente sustentable, socialmente equitativa y con una participación efectiva de sus vecinos. También se violenta deliberadamente la plena y efectiva participación pública en la toma de decisiones en cuestiones ambientales, que dispone imperativamente el art. 7 del Acuerdo de Escazú, ratificado por ley 27.566, de carácter obligatorio y de valor supralegal. Dicho artículo establece que se debe asegurar el derecho de participación del público en los procesos de toma de decisiones, haciendo especial hincapié en lo relativo a asuntos ambientales de interés público, como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente y agrega que se deben adoptar medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos.
Peticionamos la plena aplicación de las normas sobre información pública y participación ciudadana que surgen de la ley 25.831 y de la ley general del ambiente 25.675 de orden público, leyes de presupuestos mínimos ambientales aplicables en todo el territorio nacional, así como también de su norma complementaria provincial, ley 10.208 de política ambiental, también de orden público, en cuanto estatuyen la participación ciudadana en las decisiones fundamentales en materia ambiental y de desarrollo sustentable.
Requerimos el pleno respeto a la identidad barrial como componente cultural del ambiente, la preservación de las napas freáticas y del río Suquía para evitar su contaminación, impidiendo viviendas colectivas o en altura en zonas sin servicio cloacal y no permitidas por la ordenanza de uso del suelo y el código de edificación, así como la total protección de los parques, reservas y espacios verdes de la ciudad y los valiosos servicios socio-ambientales que brindan a la ciudadanía.
Invocamos la cláusula ambiental nacional (art. 41 de la Constitución Nacional), de la que surge el derecho deber de todos los habitantes a un ambiente sano, reconocido como Derecho Humano por la Corte IDH (Opinión Consultiva 23/17) y por la ONU (Resolución 76/300 del 2022), y el deber de las autoridades de preservar ese derecho.
Exigimos respuestas señor Intendente y, fundamentalmente, que gobierne para los vecinos de la ciudad y no para los empresarios desarrollistas, que egocéntricamente solo buscan significativos beneficios económicos sin importar los costos socio-ambientales.
Centros Vecinales de los barrios Cerro de las Rosas, Jardín Espinosa y Ampliación Jardín Espinosa, La Carolina, Nueva Córdoba, Parque Chacabuco, Villa Belgrano, Villa Rivera Indarte, comisiones regularizadoras de los barrios Argüello, El Refugio, Quisquisacate, Villa Warcalde y Alto Hermoso, vecinos autoconvocados de los barrios Alberdi, Villa Belgrano, Villa Cabrera, Villa Los Ángeles, Asociación Civil Amigos de la Reserva San Martín,