Si la Asamblea de 1813 fue anticolonial, las Bases de Alberdi afirmaron que “gobernar es poblar”, la reforma y contrarreforma de 1949-1957 sostuvo que “gobernar es dar trabajo”, y la de 1994 buscó “gobernabilidad”, la que parece alumbrar ahora podría tener como máxima “la extensión territorial y sectorial de derechos adquiridos”.
Los llamados derechos de primera generación son aquellos civiles y políticos de carácter enunciativo que “potencialmente” podrían ejercerse (voto, asociación, libertad de prensa y opinión, tránsito, comercio); a ellos siguieron los de segunda generación, que son aquellos económicos, sociales y culturales que permiten un ejercicio más real de los derechos (trabajo, educación, bienestar, vivienda, seguridad social, no discriminación). Tras sucesivos gobiernos militares que coartaron ambos, y democráticos que priorizaron los de primera generación en detrimento de los de segunda generación (económicos, sociales y culturales) y otros que priorizaron los segundos, con poca efectividad para partes importantes de la población, el resultado fue una constante decepción en importantes sectores y regiones del país, que no acceden ni a unos ni otros.
Los derechos de tercera generación (justicia, paz, solidaridad) sólo pueden ser ejercidos si todos los pueden ejercer, por lo que comenzar con -al menos- su búsqueda será imprescindible para que los de primera y segunda generación no queden sólo en el texto constitucional.
Probablemente aquellos que priorizan los de primera generación, pero niegan en sus propuestas los de segunda, hayan contribuido a sostener gobiernos territoriales, a su vez dependientes eternos de los fondos nacionales, mientras sus ciudadanos migran a los cordones de pobreza de las grandes ciudades donde buscan sobrevivir. Especialmente allí es donde los ciudadanos optaron por el madero salvador que se muestra como negador de la justicia social de segunda generación, a la que de todas maneras no acceden.
¿Qué implica extender sectorial y territorialmente los derechos? En principio, permitir la rotación en el ejercicio del poder del Estado y toda institución de base democrática. Para ello debiera evitarse la elección indefinida de cargos electivos de cualquier tipo, lo que no parece ser difícil, ya que sólo tres provincias (Catamarca ya prevé limitarla a dos períodos, Formosa y San Juan a tres períodos) mantienen algo de ese régimen, el que podría extenderse a otros cargos, como senadores, diputados, intendentes, concejales y organizaciones sociales privadas de base democrática, como asociaciones civiles, cooperativas y mutuales (incluidos los sindicatos, que en un buen número ya ejercen la rotación sus de dirigentes).
Es frecuente que se escuche que los cargos políticos expuestos a rotación son presa fácil del Poder Judicial –el único poder del Estado no elegible democráticamente- y los sectores económicos que se sostienen sin plazo, por ello es necesario establecer el siguiente principio: debieran eliminarse los cargos vitalicios en el Poder Judicial, que debe reorganizarse para que el derecho a la justicia no sea una utopía.
También es necesario establecer el principio de transparencia en los sistemas de administración hacia los ciudadanos, así como la publicación de resultados en todo tipo de personas jurídicas con sede o registro en el país, que en estos días están siendo desobligados a hacerlo en sus versiones más oscuras: “offshore”, sociedades anónimas simplificadas (SAS), y fideicomisos.
Los usos y abusos de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que otorgan al Poder Ejecutivo capacidades legislativas con una aprobación laxa, debieran limitarse, aumentando los requisitos para su vigencia y aprobación.
La coparticipación federal de impuestos ha sido una deuda desde que en 1994 se estableció la necesidad de reformularla con un mecanismo unánime. Tras ello se ignoraron los nuevos datos censales, se dispuso arbitrariamente de recursos de algunas provincias, se desarrollaron impuestos no coparticipables, etc., por ello el sistema es injusto e ineficaz. Es probable que la disposición constitucional de unanimidad deba ser cambiada por una mayoría calificada del 2/3 de los votos de ambas cámaras, que no será fácil de conseguir, pero no imposible como hasta ahora.
Parece haber consenso en que el objetivo de limitar el déficit fiscal es deseable, como condición necesaria en la búsqueda de la justicia, paz y solidaridad que requieren un contexto monetario estable que disminuya la inflación en la que los sectores más concentrados lucran cada vez que se producen en detrimento de los sectores de ingresos fijo.
Dado que es evidente que los fenómenos inflacionarios no son sólo monetarios, será necesario entonces que se imponga al Estado la obligación de controlar las posiciones dominantes y su uso abusivo mediante sistemas permanentes que las eviten. El actual gobierno, a pesar de que promueve la libertad total de los mercados y empresas, termina reconociendo en los hechos que las empresas dominantes producen inflación, e interviene frenando acuerdos paritarios entre privados, que no homologa.
Otro aspecto que deberá considerarse es el educativo, especialmente los niveles primarios y secundarios, que en la década de los 90 se transfirieron a las provincias sin los recursos equivalentes, por lo que las obligaciones de la Nación son claves para evitar las discriminaciones territoriales. También la educación superior –terciaria y universitaria- y la investigación científica deberán ser contempladas en el texto constitucional, dadas las tendencias globales en innovación y desarrollo.
Por último, es necesario profundizar los derechos de consumidores y ambientales de tercera generación, de modo que se promueva su organización –cooperativa y mutual- para la defensa de sus derechos, y la protección efectiva de los bienes que prestan servicios ambientales: glaciales y pre glaciares, bosques nativos, biodiversidad, humedales.
Plantear una propuesta posible es un comienzo para el debate.