La gran crisis política de nuestro tiempo es, sobre todo, una crisis de legitimidad. Millones de personas sienten que quienes gobiernan ya no representan verdaderamente a quienes dicen representar. No se trata de un fenómeno nuevo. Lo verdaderamente novedoso es que la sensación de que las democracias empiezan a vaciarse desde adentro se haya vuelto tan universal y persistente.
Durante la década de 2010, esa crisis explotó de manera simultánea en buena parte del planeta. Desde la plaza Tahrir en Egipto hasta el 15-M español, desde Occupy Wall Street en Nueva York hasta las protestas brasileñas de 2013, millones de personas salieron a la calle con un mensaje parecido: “no nos representan”. Parecía el inicio de una nueva democratización global. Las redes sociales prometían horizontalidad, participación directa y una ciudadanía más activa que nunca. Internet iba a transparentar el poder. La política tradicional parecía lenta y parsimoniosa frente a una sociedad hiperconectada capaz de organizarse sola.
Pero aquellas protestas, que en muchos casos parecían triunfar, terminaron años después, dejando detrás sociedades más fragmentadas y vulnerables a nuevas formas de concentración de poder. En muchos casos el resultado fue directamente un retroceso.
Egipto terminó bajo un régimen todavía más autoritario. Brasil pasó de las manifestaciones multitudinarias a una polarización feroz que desembocó en el ascenso de Bolsonaro. En distintas partes del mundo, la indignación popular debilitó gobiernos e instituciones, pero no logró construir algo sólido en reemplazo. Las protestas de aquellos años tenían una enorme potencia emocional, pero muchas veces carecían de estructuras políticas capaces de transformar la protesta en poder estable. Probablemente destruir legitimidad es mucho más fácil que construirla.
Durante años, Occidente creyó que toda modernización conduciría inevitablemente hacia democracias liberales cada vez más abiertas. Mientras las sociedades occidentales entraban en crisis de representación, China ofrecía otra imagen: estabilidad, planificación estatal, crecimiento económico y control político.
Para entender esa diferencia cultural hay que volver a Confucio. Mientras buena parte de la tradición política occidental se construyó alrededor de limitar el poder del Estado y proteger libertades individuales, la tradición confuciana puso el foco en la armonía social. El ideal político no era tanto la libertad absoluta del individuo como una sociedad equilibrada administrada por élites preparadas.
De hecho, durante buena parte de la Ilustración europea, varios pensadores occidentales miraron a China con admiración. Voltaire veía en el sistema imperial chino una forma de gobierno racional administrada por funcionarios educados y consideraba a Confucio una especie de moralista secular capaz de ordenar la vida pública sin recurrir al dogma religioso.
Por eso el confucianismo nunca entendió la legitimidad política exactamente del mismo modo que Occidente. En las democracias liberales modernas, la legitimidad suele surgir del procedimiento: elecciones, división de poderes, representación institucional, periodicidad de los cargos. En la tradición china, en cambio, el poder históricamente se legitimó más por los resultados que por el mecanismo. La autoridad conserva legitimidad mientras garantice estabilidad, prosperidad y equilibrio social.
Asumimos que en Occidente el desarrollo económico inevitablemente produciría ciudadanos obsesionados con libertades individuales y democracia liberal. Pero tal vez proyectábamos sobre China nuestras propias categorías culturales. Y tal vez el ciudadano de occidente ya no esté tan comprometido con la democracia liberal como lo pensábamos anteriormente.
Hoy una parte creciente de las sociedades parece dispuesta a relativizar esos principios si el sistema democrático no consigue garantizar algo más inmediato como la estabilidad económica y la capacidad de producir resultados concretos. Es la fortaleza de modelos más tecnocráticos o centralizados. Se comienza a percibir que las democracias liberales tradicionales discuten infinitamente mientras pierden eficacia para resolver problemas cotidianos.
Si se empieza a medir la libertad exclusivamente en términos de bienestar material, las instituciones dejan de verse como garantías que limitan el poder y pasan a verse como obstáculos burocráticos que ralentizan soluciones. De allí lo que se discutirá los próximos años es cómo conservar la legitimidad suficiente para sostener un orden político democrático. Maquiavelo probablemente habría entendido el problema contemporáneo mejor que muchos optimistas liberales: los sistemas políticos no sobreviven por sus virtudes morales, sino por su capacidad de preservar orden y estabilidad.
Una democracia puede sobrevivir a gobiernos malos. Lo que difícilmente sobrevive es la erosión progresiva de la confianza colectiva en sus propias instituciones.