El secretario de Transporte de la Provincia, Gabriel Bermúdez, reiteró ayer sus cuestionamientos hacia el gobierno nacional por la quita de subsidios dispuesta en el sector, lo que derivó en una profunda crisis en el interior del país, que podría acelerar la entrada en vigencia de un nuevo aumento en la tarifa del boleto urbano de pasajeros de nuestra ciudad. “La génesis del problema es por dos cuestiones de fondo: la primera tiene que ver con la devaluación de la moneda porque el sistema de transporte compra sus insumos a precio dolarizado, y el impacto que tuvo el salto de la moneda extranjera el año pasado complicó mucho a las empresas que se había capitalizado comprando unidades que se pagan en dólares”, explicó Bermúdez.
Para el funcionario provincial, “el segundo impacto negativo fue la decisión posterior de la salida del sistema de subsidios tal como venía desde el año 2002”. “El panorama general es negativo porque sumado al sostenimiento del proceso inflacionario de este año; las paritarias (de la UTA); y la caída de pasajeros por la baja en la actividad económica, provocan un círculo vicioso del cual está costando salir”, resumió el secretario de Transporte del gobierno de Córdoba en declaraciones al programa Buen Día Río Cuarto.
Bermúdez también hizo hincapié en las “inequidades” que se observan en la distribución de subsidios nacionales al transporte, a favor del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), dos jurisdicciones del mismo signo político que el presidente Mauricio Macri. “Hay una matriz de funcionamiento del Estado federal que vuelca recursos de manera muy abundante en una jurisdicción donde vive la mayor parte de la población del país, en detrimento del resto de las jurisdicciones que no tienen la posibilidad de acceder a un sistema multimodal de transporte, ya que nosotros no tenemos servicios como el del subte o el metrobus, como sí lo poseen los ciudadanos de Buenos Aires”, repasó el funcionario.
Como consecuencia de este preocupante panorama, la Municipalidad de Córdoba continúa evaluando alternativas para conseguir fondos frescos que le posibiliten afrontar los costos del acuerdo salarial con el gremio de los choferes y, de ese modo, postergar un ajuste en el boleto de esta capital. “La suba es el último recurso. No está fácil, pero seguimos insistiendo e intentando”, sintetizaron desde el entorno del intendente Ramón Mestre. Los funcionarios municipales aceleraron en las últimas horas las gestiones para que la Nación y la Provincia colaboren aumentando los subsidios.
Hasta ahora, nada indica que cambien su postura negativa. De prolongarse en el tiempo esta indefinición, el municipio no tendría otra opción que impulsar una actualización tarifaria en el transporte urbano, aunque en menor medida que los 35 pesos que ya reclamó la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap).
Por lo demás, si finalmente el aumento se impone como última alternativa, todo hace suponer que saldrá por decreto. Es que el artículo 17 de la ordenanza 12.848 votada el 9 de noviembre de 2018 por el oficialismo en el Concejo Deliberante, y que llevó el boleto a 23,70 pesos, dejó abierta la posibilidad de que el Ejecutivo Municipal impulse nuevos ajustes cuando “se verifiquen variaciones en los rubros salario de personal, combustible y subsidios”.
La UTA amenaza con medidas de fuerza
Mientras la Municipalidad de Córdoba continúa buscando fondos para afrontar los costos extra del acuerdo paritario alcanzado con los choferes del transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad, el secretario del Interior de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Jorge Kiener, advirtió en la víspera que si las cámaras empresariales de algunas provincias se siguen negando a abonar el 20% de aumento salarial retroactivo al mes de junio pasado, sumado a un no remunerativo de 16.000 pesos en tres cuotas, podrían lanzar nuevas medidas de fuerza.
Con miras a la audiencia de conciliación prevista para mañana en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, el gremio anticipó que denunciará dichos incumplimientos a la vez que alertó que podría llamar a un paro general en el transporte urbano del interior del país, incluida Córdoba. En esta capital, el intendente Ramón Mestre requiere de unos 200 millones de pesos para cubrir el período agosto-noviembre de la citada paritaria.