En un nuevo allanamiento ordenado por el juez federal número 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero, evasión fiscal, y asociación ilícita por parte de los integrantes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), personal de la Policía Federal Argentina de nuestra provincia secuestró ayer la suma de 411.000 dólares de la sucursal Bancor ubicada en la avenida Estrada del barrio Nueva Córdoba de nuestra ciudad. El dinero se encontraba en una caja de seguridad perteneciente a Juan Carlos Delgado, secretario de Tesorería de la mutual del mencionado gremio. Se trata de uno de los 19 imputados en este resonante caso. En un segundo procedimiento llevado a cabo en la víspera en otra caja de seguridad de una sede bancaria de esta capital, se incautaron joyas de escaso valor económico a nombre de Juan Manuel Riba, el tesorero de la mutual del Surrbac.
Mientras tanto, fuentes vinculadas con la investigación desmintieron que el secretario general del gremio, Mauricio Saillén, quien permanece detenido en la cárcel de Bouwer, tenga en la actualidad plazos fijos a su nombre por 700.000 dólares, como había trascendido a fines de la semana pasada. De todos modos, se aclaró que en la causa existe un registro de que, en algún momento, el titular del Surrbac contó con ese monto de dinero. Cabe recordar que en estos días, al caso lo sigue llevando adelante el juez Bustos Fierro, quien pidió apartarse por razones de competencia. Por tal motivo, entre hoy o mañana el camarista Luis Roberto Rueda decidirá el juzgado en el que recaerá la investigación.
Finalmente, el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en Córdoba, Eduardo Fernández, descartó una “intencionalidad política” en este proceso. Como se sabe, uno de los imputados es Franco Saillén, miembro del Surrbac y también postulante a la Cámara baja por el Frente de Todos. Sobre el particular, Fernández dijo que “nosotros mantenemos la presunción de inocencia hasta que la Justicia determine lo contrario”. “Creemos que está actuando la Justicia y que no está vulnerado el derecho a defensa. Tampoco tenemos elementos para determinar una intencionalidad política ni en la imputación, ni en los procedimientos”, consideró el además presidente de Apyme.