El Concejo Deliberante de nuestra ciudad aprobará mañana un proyecto de ordenanza enviado por el intendente Martín Llaryora que modifica la norma que regula la organización de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas y el procedimiento administrativo de faltas (ordenanza número 12.010) permitiendo, entre otros cambios, que los agentes de Policía de Córdoba y autoridades provinciales que den cuenta de contravenciones o violaciones a las ordenanzas municipales vigentes, serán instrumento idóneo para promover de oficio el procedimiento sancionatorio”.
Para realizar la infracción, los agentes policiales o funcionarios provinciales deberán cumplir con los requisitos contemplados en el texto de la norma, estableciendo que labrarán de inmediato un acta en soporte papel o digital cumpliendo con todas las exigencias, donde se incluye entre otras cuestiones, la infracción comprometida, el nombre del infractor, y lugar y fecha, entre otras. Además, las modificaciones incluyen la utilización de medios electrónicos como medio para comprobar las infracciones, que podrá realizarse mediante la utilización de dispositivos electrónicos remotos” homologados por la autoridad competente, y cuyos registros hayan sido obtenidos dentro de las 18 horas hábiles anteriores al labrado del acta. Estos dispositivos serán supervisados para su correcto funcionamiento en todo momento en el centro de control de medios o dispositivos electrónicos.
Respecto de la ordenanza que sancionará mañana el cuerpo legislativo municipal, el concejal Juan Pablo Quinteros (del bloque Encuentro Vecinal Córdoba) planteó un interrogante. Si la policía y los funcionarios provinciales conocen las ordenanzas vigentes, ¿los van a capacitar o van a sacar 15.000 inspectores a la calle que salgan a realizar multas?”, se preguntó el edil opositor. Sobre el particular, advirtió que el municipio estaría delegando el poder de policía propio e inherente que ostenta a la Policía de Córdoba. Por lo tanto, me gustaría saber qué opina sobre esto el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera”.
Consultado por HOY DÍA CÓRDOBA, el funcionario provincial solo se limitó a aclarar que no tengo consideraciones para hacer”. El proyecto enviado por el Intendente se enmarca en la modernización de la organización de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, y el procedimiento administrativo de faltas en el que crea los Promotores de Convivencia, y los equiparan con los jueces y camaristas de este fuero y cuyas funciones será hacer cumplir el Código de Convivencia Municipal, además de labrar actas de infracción.
Dichos promotores podrán solicitar la colaboración para el desempeño de sus tareas a cualquier dependencia municipal, y en caso de que les sea negada, se le aplicará una sanción de cinco días de suspensión. Planteado en estos términos, la gestión de Llaryora intentará que los agentes municipales cumplan acabadamente con sus funciones para que el Palacio 6 de Julio pueda dar respuesta a los problemas de la ciudad, sin trabas burocráticas o gremiales de ninguna naturaleza. En gran medida, apunta a contener el poder de fuego” de las medidas de fuerza del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem).
Dudas por la figura del Promotor de Convivencia
La nueva figura de Promotores de Convivencia genera controversia entre los concejales de la oposición. Estamos esperando la presencia del Administrador de la Justicia de Faltas para que explique el alcance de esta ordenanza. La figura del Promotor de Convivencia suena lindo, pero las atribuciones que se le otorgan aparecen como exageradas y deja muchas dudas su sistema de selección (tampoco existe sistema de remoción). Tampoco resulta lógico que quien verifique las infracciones también tenga la facultad de sancionar. En síntesis, esta gestión tomó la pésima costumbre de intentar sacar ordenanzas en sesiones extraordinarias y con ningún tratamiento en el cuerpo. En lo personal, no me senté en una banca para que me lleven como chico al parque. Debemos ser serios y responsables. Con diálogo van a encontrar la mejor predisposición; a los empujones, al menos con este concejal, no van a logar nada”, resumió Quinteros.
Según el proyecto enviado por el Ejecutivo, los requisitos para ser designado como promotor es que hay que tener como mínimo 25 años de edad, poseer título de abogado con tres años de antigüedad, o haber ejercido la profesión por igual período y gozar de ciudadanía en ejercicio.
Hoy a las 16:30 está previsto que asista a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes del Concejo, el titular del Tribunal de Faltas, Manuel Araoz, para despejar todas estas dudas además de la cantidad de personal que se designará con esta figura, ya que según el proyecto, el Administrador General de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas le enviará al Intendente un informe en el que recomendará la cantidad de Promotores de Convivencia para que los designe.