Tras el plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la Nación y a la espera de la sesión especial convocada para hoy por el Frente de Todos para tratar el proyecto de reforma de las jubilaciones de privilegio, el oficialismo aceptó ayer algunas modificaciones en la normativa. Luego del debate, el Gobierno confirmó que modifica el artículo 17 inciso b, que establece que a la hora de calcular los futuros beneficios, se empleará el 82% móvil sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas al valor del salario correspondiente al momento del cese.
Además, la gestión de Alberto Fernández oficializó que, a pesar de que no hayan iniciado el trámite, los jueces y fiscales que cumplen con los requisitos para jubilarse hasta tanto no se sancione la nueva ley conservarán sus derechos”. Se ha dicho que este proyecto afecta los derechos adquiridos de aquellos señores magistrados que están en condiciones de jubilarse.
Los que hoy no hicieron el trámite pero que al día anterior a la promulgación de la ley hayan cumplido con los requisitos, conservarán sus derechos, no estarán afectados”, indicó el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi. Y remarcó: No se afectan los derechos adquiridos de ninguno de los funcionarios que están en condiciones de adquirir el beneficio, sea que se jubilen hoy o sea que continúen trabajando hasta los 75 años que es el límite que fija la Constitución”.
Con esta aclaración, el funcionario intentó dar respuesta al requerimiento del bloque Juntos por el Cambio, que, para dar quorum en el recinto, solicitó que se añada una cláusula transitoria que garantice que aquellos magistrados que hayan cumplido las condiciones para acceder a la jubilación con la ley actual lo hagan sin tener que dejar de trabajar.
Otra de las modificaciones aceptadas por el oficialismo es que no se modificará la edad jubilatoria de las mujeres (60 años), como establece la iniciativa del gobierno nacional, sino que solo se subirá gradualmente la edad de los hombres de los 60 a los 65 años. Por otro lado, se incluyó otra modificación acerca de los años de aportes que necesita un magistrado para acceder a este sistema.
Durante el plenario, el diputado del Frente de Todos Darío Martínez indicó que, de los 30 años de aportes requeridos para poder jubilarse, se exigirán 10 años continuos de aportes en la justicia o 15 en forma discontinua, en lugar de 20 años como lo establecía el proyecto del gobierno nacional.