Luego de reunirse un día antes con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán, para analizar el anteproyecto de ley que pretende crear un impuesto extraordinario a las grandes riquezas para recaudar fondos que permitan financiar la lucha contra la pandemia del coronavirus, el diputado del oficialista Frente de Todos Carlos Heller dio ayer algunas precisiones acerca de la iniciativa que en las próximas horas ingresará a la Cámara baja en, y aseguró que la cantidad de personas alcanzadas por el tributo es muy pequeña” y sólo responde a la necesidad imperiosa” de conseguir recursos sin que éste le cambie a nadie sus condiciones de vida ni de acumulación de riqueza”.
Consultado acerca de la reunión en la residencia de Olivos, Heller afirmó que aun cuando el proyecto no está cerrado, se habló de que el tributo podría alcanzar a los patrimonios de personas humanas que están por encima de los 3.000.000 de dólares. Ello comprendería a alrededor de 12.000 personas que tienen ese volumen de riqueza personal, sin contar sus patrimonios empresariales. Es decir, se trata de una minoría del total de contribuyentes del impuesto a los Bienes Personales”, explicó, y subrayó que la tasa sobre el valor de los bienes declarados sería de entre el 2 y el 3,5%.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados agregó que el universo alcanzado por el impuesto sería del 1,1% del total de los contribuyentes al impuesto a los Bienes Personales y, el 0,08 de la Población Económicamente Activa que mide regularmente el Indec. Pero además, el también banquero cooperativista mencionó que entre varias estimaciones en estudio está la posibilidad de generar un ingreso superior al equivalente en pesos entre los 3.000 millones y los 4.000 millones de dólares. En este caso, se trataría de un tributo progresivo, para ello se está trabajando en dividir a estos grandes contribuyentes en tramos”, comentó.
En sintonía con los planes de la fuerza gobernantes, ayer se supo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) estableció que las personas jurídicas deberán informar una vez al año quiénes son sus beneficiarios finales y dispuso también la creación de un registro de entidades pasivas que comprenderá a los contribuyentes que posean más del 50% de participación en sociedades del exterior que les reporten algún tipo de renta. Tiene como finalidad lograr mayor transparencia y dificultar maniobras de ocultamiento de información sobre los verdaderos dueños de las distintas personas jurídicas”, indicaron desde el organismo recaudador.