El Gobierno incrementó los controles para restringir que las empresas beneficiadas con recursos del Estado, a través de los distintos programas de ayuda por la emergencia sanitaria, puedan actuar en el mercado de capitales, dolarizar activos y fugar divisas. Según fue en el Boletín Oficial, las medidas forman parte de las recomendaciones elaboradas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que propuso aumentar los controles para las empresas grandes de más de 800 empleados que solicitaron el beneficio Salario Complementario contemplado en el ATP, para abonar parte de los sueldos en mayo de sus trabajadores privados.
Entre los compromisos legales que tienen que asumir las empresas se destaca que por el transcurso de 24 meses desde que recibieron la ayuda económica del Estado, y ya no 12 meses como estaba previsto inicialmente, no podrán distribuir utilidades, comprar sus propias acciones, comprar bonos para después fugar los dólares, a través del mecanismo conocido como contado con liquidación (CCL), ni realizar erogaciones con otras empresas vinculadas o que estén radicadas en paraísos fiscales. El programa ATP fue lanzado hace apenas un mes por el gobierno nacional con el objetivo de proteger las fuentes laborales afectadas por la pandemia. Con este mecanismo ya se le abonó gran parte de los salarios a más de 2.5 millones de empleados privados.
La medida está dirigida a unas 140 empresas privadas con más de 800 trabajadores. Se busca evitar que fuguen divisas al exterior
Esta decisión se suma a un paquete de medidas adoptado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), luego de detectar 950 residentes argentinos con cuentas en el exterior no declaradas en el país. Se trata, en todos los casos, de cuentas radicadas en el Uruguay, origen elegido por el organismo recaudador para iniciar las fiscalizaciones sobre un cúmulo de información recibido de la OCDE en 2018, pero que bajo el gobierno anterior no había merecido mayor atención. Al mismo tiempo, el Banco Central informó el pasado jueves que cerca de 86.000 millones de dólares se fugaron del país en los últimos cuatro años, con una notable concentración en unos pocos actores económicos”. En ese grupo de selectos”, el Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza figurarían entre los mayores responsables de la fuga de capitales durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, según se dejó trascender a la prensa.
Esa información explicaría la mención que ayer hizo el presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter, sobre un hilo de tuits del periodista Juan Alonso, quien anunció que el Ejecutivo Nacional endurecería los controles a las grades empresas que recibieron ayuda estatal para poder pagar los salarios de sus trabajadores. Clarín paga salarios en cuotas y (Héctor) Magnetto, Rendo, Aranda y Sáenz Valiente (socios en el grupo) se reparten dividendos en dólares antes de la implementación del programa ATP, la culpa es de los trabajadores o de la especulación privada? El Estado no puede abandonar a 2,5 millones de personas”, señalaba uno de los mensajes de Alonso, en referencia a que grandes grupos económicos que manejan medios de comunicación pidieron la asistencia del Estado nacional para pagar sueldos.