La Legislatura de la Provincia de Córdoba prorrogó hasta el 31 de marzo las ejecuciones que, dispuestas en todo tipo de proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias.
Se trata de la modificación de la ley 10003 sancionada el dos de noviembre de 2011 que alcanza a cualquier acción judicial cualquiera fuere la causa de la obligación o el motivo de su liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación para evitar los remetes de las propiedades de estas entidades deportivas en todo el territorio provincial.
La iniciativa del legislador del oficialismo, Miguel Majul contó con el aval de todos los bloques de la oposición, salvo el Frente de Izquierda y los trabajadores durante la tercera sesión especial desarrollada de manera virtual a través de la plataforma zoom.
La protección de los inmuebles de las asociaciones civiles comenzaron a ser resguardados en Córdoba con la sanción de las leyes. 9584 y 9632, que establecieron un plazo de ciento ochenta días de suspensión de las ejecuciones descriptas precedentemente, y baso su fundamento en el trascendental rol que cumplen para toda la comunidad las instituciones de la sociedad civil y en especial las deportivas.
Luego, la Unicameral entendió el plazo de 180 días a un año ya que resultaba exiguo enmarcado en el proceso de crisis económica que vivía el mundo a fin de otorgarles a estas entidades la posibilidad de convenir con sus acreedores el pago de sus deudas sin que ello significara poner en riesgo los espacios físicos donde desarrollan sus actividades. Este plazo fue nuevamente prorrogado por esta Legislatura de manera sucesiva hasta el año 2020.
En el marco del aislamiento social y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández estas circunstancias se agravaron desbordando a las asociaciones civiles por reclamos judiciales de toda índole, contando con escasos y mínimos recursos genuinos que apenas les alcanzan para afrontar los gastos de funcionamiento en una coyuntura de crisis económica sin precedentes.
Además, los bienes inmuebles con los cuentan revisten de un importante valor patrimonial que lamentablemente alientan la proliferación de juicios en su contra. En este escenario el oficialismo consideró indispensable prorrogar, al menos por otro año, la suspensión de las ejecuciones.
No obstante ello, y teniendo en cuenta que esta medida solo otorga un remedio temporario y no soluciona el problema de fondo, es todo un desafío para aquellos que tenemos la responsabilidad de legislar, el imaginar y generar herramientas normativas que permitan a estas entidades continuar desarrollando sus actividades en un marco de normalidad y tranquilidad, conservando ese rol social fundamental que los hace indispensables para la vida comunitaria”, expresó Majul.