El gobernador Juan Schiaretti envió el viernes a la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que lo faculta a cambiar las condiciones de pago de los títulos de deuda emitidos en moneda extranjera o canjearlos para mejorar el perfil de vencimientos de los mismos. Para tal fin, el jefe del Panal solicita una nueva autorización para endeudarse por un monto de 1.204 millones de dólares garantizados por la Coparticipación Federal de Impuestos y la cesión de recursos propios.
La reprogramación de los pagos de la deuda financiera de la provincia o su canje por una nueva deuda está concentrada en tres títulos públicos emitidos bajo jurisdicción internacional por un total de US$ 1.685 millones: el PDCAR 2021, por US$ 725 millones; el PDCAR 2024, por US$ 510 millones, y el PDCAR 2027, por US$ 450 millones; y uno del mercado regional, el CO 26, por US$ 300 millones, totalizando US$ 1.985 millones de dólares.
Schiaretti busca la autorización para efectuar las operaciones de administración de pasivos, canjes o reestructuraciones de los Títulos Internacionales emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación, por un importe de hasta US$ 960.000.000 y US$ 243.750.000 pudiendo emitirlos en pesos o su equivalente en moneda extranjera.
De la misma manera, la Provincia reprogramará 11.000 millones de pesos en vencimientos de la deuda que la Provincia mantiene con el Estado Nacional y el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Provincias (FFDP) que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación.
Pero el proyecto enviado a la Unicameral que autoriza al Gobernador a tomar nueva deuda es en adición” a las previsiones contenidas en la Ley N° 10.678, (presupuesto 2020) que ya le había otorgado esas facultades por un monto de US$ 310.860.655 millones para disponer la refinanciación, recompra o canje de títulos internacionales emitidos por la provincia de Córdoba, más la emisión de otros US$ 530 millones a través de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento sumados a los más de los 6.000 millones de pesos autorizados para operaciones de crédito a través de letras de la Tesorería. Con todo, el Gobierno de Schiaretti tendrá autorización para endeudarse por más de US$ 2.044 millones de dólares.
En diciembre del año pasado, según datos informados por el Gobierno provincial en el Presupuesto 2020, el pasivo de la provincia alcanzaba los 25.323,5 millones de pesos y para 2021 ascendía a 86.178,8 millones de pesos. Los vencimientos de capital e intereses representaban 39,95% de los ingresos tributarios netos de distribución a municipios o bien 346% del ahorro corriente previsto para 2020.
De acuerdo al texto enviado por el Poder Ejecutivo, el gobierno garantizará el pago de los nuevos bonos o de la nueva deuda con la Coparticipación Federal de Impuestos en los montos que correspondan al Tesoro Provincial o instrumentará la cesión de recursos propios, con comunicación posterior a la Legislatura aunque no especifica cuáles serán esos recursos que quedarán en manos de tenedores de bonos extranjeros.
Así, el proyecto habilita al gobernador a emitir nuevos títulos públicos o efectuar adendas en relación a los títulos existentes, a efectos de modificar el perfil de vencimientos de intereses y amortizaciones de capital incluyendo la posibilidad de adicionar al capital adeudado, los servicios de intereses impagos, siempre que esto resulte favorable para la sostenibilidad de la deuda de la Provincia.
Tras la aprobación en la Unicameral, la Provincia podrá determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos o concertación de adendas de los títulos existentes; efectuar todas las gestiones, suscribir los contratos e instrumentos, dictar la normativa y demás documentación, convocar a asambleas de tenedores, así como realizar tareas necesarias para la emisión de nuevos títulos o enmienda de títulos públicos existentes, distribución, registro y pago de las operaciones de crédito público autorizadas en la presente Ley.
Designará instituciones, agentes o asesores financieros para que actúen como coordinadores en la estructuración las transacciones como también agentes colocadores, de distribución o dealer managers, para que actúen en la administración de manejo de pasivos y/o emisión de nuevos títulos o enmienda de los títulos existentes.
Podrá aprobar y suscribir contratos con entidades o asesores financieros para que presten los servicios, como así también agentes de información, consentimiento, fiduciarios y todo otro agente que permita la implementación de las potenciales operaciones previéndose para ello el pago de la correspondiente retribución en condiciones de mercado.
De esta manera, el Poder Ejecutivo podrá, en virtud del análisis de la evolución de los mercados financieros y de capitales, de la actividad económica en el marco del Covid-19 y de la recomposición del producto bruto, realizar modificaciones de los perfiles de vencimiento de los títulos públicos en circulación, con el objetivo claro de garantizar el crecimiento económico, la solidez financiera y la inclusión social. Desde el Ministerio de Finanzas adelantaron que buscan reemplazar la deuda actual por otros bonos amortizables”, estirando plazos y disminuyendo los compromisos de pago.
El proyecto de ley faculta al mandatario provincial a realizar enmiendas sobre los títulos existentes o posibilitar el canje de los mismos por nuevos títulos, seleccionar la moneda de éstos, otorgar en garantía recursos provinciales, incluso los provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros, dictar normas reglamentarias y complementarias, contratar a los distintos agentes que participan en este tipo de transacciones, como así también lo autoriza a desarrollar toda la operatoria para reprogramar los pagos de la deuda, incluso con la emisión de nuevos bonos.
El Gobierno justifica el diseño de una estrategia financiera integral para su deuda” representada en títulos valores ante la fluctuación e incertidumbre” económica por la que atraviesa el país en los últimos años lo que provocó elevadas tasas de interés e inflación y aumento del tipo de cambio, frente a una desaceleración pronunciada de la tasa de crecimiento sumadas a las consecuencias económicas derivadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández para evitar la expansión del nuevo coronavirus, que paralizó la economía por completo.
Córdoba disminuyó sus recursos fiscales de marzo de 2020 un 16% nominal, respecto al mes de febrero de 2020, lo cual implica una pérdida del orden de los 3.000 millones de pesos. Para el mes de abril, la pérdida alcanzó un 23% de los ingresos en términos reales, descontada la inflación del período.
Frente al cierre de los mercados financieros y de capitales internacionales desde 2018 que limitaron el acceso al crédito, tanto nacionales como subnacionales; situación que se evidencia entre otros indicadores por el incremento del riesgo país que se tradujo en un aumento de las tasas de financiamiento provocando los pagos de la deuda sea inalcanzable para las finanzas provinciales.
Como agravante la Provincia justifica la medida como consecuencia económica ocasionada por la pandemia que mantiene en vilo al planeta, expresando su preocupación por los alarmantes niveles de transmisión, gravedad de la enfermedad, así como por la falta de acción y el pronóstico de que continúe aumentando el número de casos, muertes y países afectados. La combinación de estas variables se introduce en la historia de solvencia y de disciplina fiscal de Córdoba, quien debe en este momento contar con las herramientas necesarias para poder realizar una administración adecuada de sus pasivos financieros, de manera análoga a como lo hacen los emisores de todo el mundo que mantienen reconocidos perfiles crediticios entre los inversores.
Entre las atribuciones que le otorgan el proyecto enviado por el gobernador Schiaretti a la Unicameral se encuentra la de prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar los compromisos habituales para operaciones financieras y de crédito público en los mercados internacionales.