El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó este lunes por administración fraudulenta al ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro durante el macrismo Bernardo Saravia Frías por supuestas irregularidades en la concesión de licitaciones a Autopistas por parte del Estado Nacional. Asimismo, el juez le puso fecha a las indagatorias para el próximo lunes al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne y el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.
En la causa se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas que estuvieron vinculadas al ex presidente Macri. Además, se investiga el pago a las empresas concesionarias de unos 500 millones de dólares como compensación por «inversiones no amortizadas».
En su resolución de las últimas horas, el juez procesó por administración fraudulenta a Iguacel y Saravia Frías y les trabó un embargo de 500 millones de pesos a cada uno. El procesamiento al ambos ex funcionarios de la gestión Cambiemos fue luego de que ambos se negaran a declarar por videoconferencia, tal cual se prevé sea la modalidad con la que lo hagan Dujovne y Dietrich el viernes próximo.
En la causa se investigan las presuntas maniobras fraudulentas entre Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires. Las maniobras defraudatorias y actos en violación a la ley vigente, que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron”, describió el juez Canicoba Corral cuando citó a indagatoria a los acusados en un expediente que se inició tras una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau.
Los denunciantes señalaron que las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (Ciadi). Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno macrista para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.
El ex presidente había admitido su relación con la firma española –cuya cara visible es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez– al negarse a firmar el decreto donde se acordó la renovación, que finalmente fue rubricado por su vice, Gabriela Michetti, en virtud de una recomendación de quien encabezaba la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para evitar un conflicto de intereses”.
En esta causa, el ex procurador del Tesoro presentó una recusación contra Canicoba Corral para que sea apartado por presunta imparcialidad. La defensa de Saravía Frías sostiene que el juez no puede seguir al frente de la investigación porque en declaraciones públicas sostuvo que fue perseguido durante el gobierno de Macri y por algunos medios de prensa, y que iba a presentar demandas judiciales cuando deje el cargo. Para la defensa esas declaraciones agravan su imparcialidad para seguir al frente del expediente.
Iguacel atribuyó su procesamiento a que es «el principal testigo de la causa de la obra pública en santa cruz»
El ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel atribuyó su procesamiento «en tiempo récord» en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la concesión de licitaciones a autopistas por parte del Estado a que es «el principal testigo» del caso de «la obra pública en Santa Cruz».
«Soy el principal testigo de la causa de la obra pública en Santa Cruz. Por eso, el juez Canicoba Corral me procesa en tiempo récord en la causa peajes, porque me quieren sacar de dicha causa. Al estar procesado pueden pedir la anulación de mi declaración», dijo Iguacel.
En mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, el ex funcionario macrista indicó: «Lo que entiendo de la denuncia de Tailhade, pero no puedo comprobar porque no me permitieron ver las supuestas pruebas es que defraudé al Estado en la conclusión de la renegociación de contratos de peaje en los accesos a Buenos Aires». «Cuando llegué a Vialidad, un organismo técnico por excelencia, tenía miles de carpetas y problemas inconclusos. Deudas impagas, juicios contra el Estado y miles de muertes por accidentes de tránsito por las rutas de la muerte o rutas de la desidia», agregó Iguacel.
En este sentido, sostuvo: «Entre todas esas cosas había una renegociación de esos contratos iniciada en 2002 e inconclusa, un juicio multimillonario contra el país y obras sin hacer como el tercer carril a Tigre, puentes en Panamericana, el ensanche en acceso Oeste y hasta el mantenimiento para pavimento».
«Se trabajó para concluir dicha renegociación y Vialidad elevó un informe y propuesta que revisó la Oficina Anticorrupción, la SIGEN, la Procuración del Tesoro, y tuvo dos audiencias públicas. Las recomendaciones fueron incluidas y los errores subsanados. Eso fue elevado al Ministerio de Transporte», dijo.
«Soy un ciudadano común, tengo los mismos bienes que hace cuatro años. No me van a ver con autos de lujo, yates, aviones ni cientos de estancias. No las tengo ni me interesa tenerlas.
Vivo en mi pueblo, en una calle común, en la casa que me construí. Las irregularidades que vi las denuncié», resaltó. Asimismo, enfatizó: «No todos somos lo mismo» y agregó: Yo creo que esto también es una venganza de ciertos sectores a los que les molestó que hayamos bajado un 40% el costo de obras (bajamos de 4 a 2,5 millones de dólares el costo de autopista), que hayamos hecho licitaciones transparentes y que hayamos hecho las cosas bien».