La Justicia federal puso bajo la lupa al entorno más íntimo del poder central. Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, resultó imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en un expediente que vuelve a encender las alarmas sobre la transparencia de la nueva dirigencia. La causa, que nació de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, quien delegó la instrucción en el fiscal Guillermo Marijuán.
Esto también lo denuncié en la justicia. Van a hacer lo imposible por taparlo, pero el sol señores no se tapa con una mano https://t.co/XqWUuU1gWs
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 13, 2026
El recorrido de Francisco Adorni en la gestión pública fue veloz: pasó de la Unidad de Auditoría Interna de Defensa a conducir el IAF, para luego saltar a una banca como diputado bonaerense. Sin embargo, ese ascenso quedó ahora empañado por inconsistencias patrimoniales que la fiscalía busca desmenuzar. Marijuán no perdió tiempo y activó una batería de medidas de prueba, que incluye pedidos de informes a más de 30 organismos y el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario.
El foco de los investigadores está puesto en el contraste entre la declaración jurada de 2024 y la realidad de sus movimientos económicos. El objetivo es determinar si existe un crecimiento patrimonial injustificable frente a sus ingresos declarados. Cabe destacar que el dictamen fiscal separa los tantos: la investigación se concentra solo en Francisco, dejando afuera —por ahora— a su hermano Manuel Adorni, quien ya carga con su propio frente judicial ante el juez Ariel Lijo por motivos similares.
Esta nueva imputación no llega en el vacío. Se suma a una serie de cuestionamientos que golpean la línea de flotación de La Libertad Avanza, en un clima de creciente tensión interna y una exposición pública que empieza a desgastar el discurso de la austeridad. En la vereda de la función pública, la transparencia parece haber iniciado su propia odisea.
