Tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria realizada este martes en distintos puntos del país, el Gobierno nacional salió a fijar postura y relativizó el impacto político de la movilización en reclamo de mayores fondos para las universidades públicas.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que la magnitud de la convocatoria no modifica la situación fiscal ni las limitaciones presupuestarias del Estado. “Podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, expresó el funcionario en declaraciones radiales.
La movilización, que tuvo como epicentro la Plaza de Mayo, reunió a estudiantes, docentes, autoridades universitarias, sindicatos y organizaciones políticas que reclamaron por el deterioro presupuestario del sistema de educación superior y exigieron una actualización de los recursos destinados a las casas de estudio.
En ese contexto, Álvarez sostuvo que el financiamiento universitario debe ajustarse a los recursos ya previstos por el presupuesto nacional y cuestionó los proyectos legislativos que, según afirmó, no especifican fuentes concretas de financiamiento. “Toda ley que no indique de dónde salen los fondos queda suspendida automáticamente”, remarcó.
“Las decisiones las toman quienes fueron elegidos”
El funcionario también se refirió al carácter político de la protesta y afirmó que las marchas “fueron organizadas por los partidos opositores”. Además, defendió la legitimidad democrática de las decisiones del Ejecutivo y del Congreso.
“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las políticas públicas las definen quienes fueron elegidos democráticamente”, señaló. En esa línea, remarcó que “los legisladores y el presidente se eligen en las urnas, no por la cantidad de personas que logra reunir una movilización”.
Durante la entrevista, Álvarez cuestionó además el funcionamiento actual del sistema universitario y aseguró que existen “distorsiones” en la distribución de recursos. Según explicó, parte del presupuesto termina destinado al sostenimiento de estructuras administrativas y políticas, en lugar de concentrarse exclusivamente en la formación de graduados.
El subsecretario puso como ejemplo carreras con muy baja matrícula y alto costo para el Estado, y sostuvo que deberían priorizarse áreas consideradas estratégicas, como las ingenierías. En ese sentido, indicó que buscan implementar “indicadores objetivos” para mejorar el reparto de fondos entre universidades.
Debate por el ingreso irrestricto y los estudiantes extranjeros
Otro de los puntos planteados por el funcionario fue la necesidad de discutir el sistema de admisión universitaria. “El ingreso irrestricto tiene el problema de que debe financiarse”, afirmó, al tiempo que destacó modelos internacionales que aplican exámenes de ingreso o cupos limitados.
Asimismo, se refirió a la posibilidad de cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, una alternativa actualmente habilitada por la normativa vigente, aunque no implementada por la mayoría de las universidades públicas.
Álvarez aseguró que en algunas carreras existe una presencia significativa de alumnos provenientes de otros países y cuestionó que muchos de ellos cursen en Argentina para luego regresar a sus lugares de origen. Sus declaraciones generaron repercusión luego de expresar que la Constitución invita a “habitar el suelo argentino” y no a “parasitarlo”.
La respuesta oficial llegó un día después de una de las movilizaciones universitarias más importantes de los últimos meses, en medio de la tensión creciente entre el Gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público por el ajuste presupuestario.
La Marcha Federal Universitaria fue multitudinaria en Córdoba
