El Senado aprobó hoy la ley de interrupción voluntaria del embarazo en una sesión histórica que empezó con un escenario muy parejo en la cantidad de votos y mucha expectativa puesta en el puñado de «indecisos» que finalmente inclinaron la balanza a favor de la sanción.
Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención del jujeño Guillermo Snopek (Frente de Todos), el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso fue convertido en ley y con una mayoría más holgada que la que había logrado el «no» en el debate de 2018 (38 a 31).
En la definición de la puja entre «verdes» y «celestes» fueron determinantes la decisión de la neuquina Lucila Crexell (Interbloque Federal), los entrerrianos Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio) y Edgardo Kueider (Frente de Todos) y el salteño Sergio «Oso» Leavy (Frente de Todos) de votar a favor.
Los cuatro mantuvieron en suspenso su voto hasta el debate y su decisión fue determinante, junto con la ausencia sorpresiva de la riojana Clara Vega (Interbloque Federal), que había participado de la sesión y era considerada un voto en contra del proyecto, y el faltazo del puntano Adolfo Rodríguez Saá, otra baja para los «celestes».
Crexell -que se había abstenido en el debate de 2018- resaltó: «¿Qué cambió desde 2018 cuando se rechazó el proyecto? Nada. Las mujeres siguen abortando en clandestinidad y soledad». «Los abortos no deberían existir, pero existen. Lo que falló fue la estrategia punitiva. Se condenaron mujeres injustamente. Esta demostrado que la prohibición y la criminalización no disuade a las mujeres de los abortos», afirmó la neuquina.
Olalla señaló que «mantener la prohibición no eliminará el aborto clandestino que efectivamente existe» y remarcó que se trata de un tema de «salud integral», al tiempo que criticó que no se cumpla con la ley de educación sexual integral.
Leavy fundamentó su cambio de postura respecto de 2018, cuando votó en contra de la legalización del aborto siendo diputado nacional, al afirmar que aquel otro proyecto era «totalmente diferente», aunque influyó la reunión que mantuvo días atrás con el presidente Alberto Fernández.
«Me he dado cuenta de que esta ley no obliga a abortar, no promueve el aborto, solo le da un marco legal seguro», sostuvo el salteño y concluyó: «Si mi voto ayuda a que una mujer no pierda la vida, voto a favor».
También influyó en el resultado que el Gobierno aceptara hacer en la reglamentación un cambio a la ley que había sido reclamado por Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), cuya posición siempre fue a favor pero condicionó su voto.
Al inicio de la sesión la pampeana Norma Durango (Frente de Todos) anunció que se modificará una de las causales legales para practicar un aborto después de la semana 14 de gestación, referida al «riesgo integral» de la salud de la mujer y se eliminará la palabra «integral» en la reglamentación del Poder Ejecutivo.
La división que genera el tema al interior de cada bloque parlamentario llevó a que el tiempo reservado para los discursos de jefes de bloque se extendiera para que pudieran cerrar el debate un referente a favor y otro en contra por el Frente de Todos y por Juntos por el Cambio.
En ese contexto, la tucumana Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) sostuvo que el proyecto «no pasa ningún test de constitucionalidad» y afirmó que «si se transforma en ley, lisa y llanamente significa que el Estado ha tirado la toalla». «Este proyecto no trae nuevas libertades ni nuevos derechos, trae negación del acceso a la vida», agregó.
A su turno, el jefe del interbloque opositor, el formoseño Luis Naidenoff, calificó el tema del aborto como una «cuestión de Estado, no de creencias, fe o dogma».
Tras señalar que pese a la penalización «se aborta en la Argentina a plena luz del día», sentenció: «Esto se resolvió con el peso del dinero, que garantiza a las que lo tienen el acceso a la salud y la ausencia de consecuencias penales, y las que no tienen los recursos, tienen el peso de la clandestinidad y también el de la condena legal».
«Si logramos que la interrupción voluntaria del embarazo vamos a demostrar que la dirigencia política es capaz de ponerse de acuerdo sin mezquindades y ponerse a la altura de las mayorías», sostuvo la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos).
La senadora destacó al movimiento de mujeres y afirmó que «no solamente es la revolución de las hijas, sino también de las madres, las abuelas, las sobrinas», al tiempo que remarcó: «Las mujeres habremos conquistado el poder de decidir y quienes no están de acuerdo, nadie los va y las va a obligar a nada».
Por último, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, ratificó su rechazo a la legalización del aborto al señalar que es «inconstitucional» porque choca con tratados internacionales suscriptos por la Argentina y lo comparó con «la pena de muerte».
«Estamos de acuerdo con la autonomía y los derechos de la mujer, por supuesto, porque son nuestras madres, hermanas, hijas. Estamos de acuerdo siempre y cuando, como dice la Constitución no dañe a terceros. Se debe respetar los derechos de las niñas y niños por nacer», afirmó el formoseño.
Ahora, con la flamante normativa lograda tras al menos seis envíos fallidos de proyectos de ley similares en los últimos 15 años, las mujeres podrán interrumpir un embarazo sin temor de ir a prisión hasta la semana 14 y el sistema de salud público deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.
La intervención del papa Francisco, en la previa de la sesión, con un tuit en favor de «las dos vidas», y la apelación a la inconstitucionalidad, no logró consolidar el voto de los detractores de la legalización, que anunciaron que llevarían su demanda a la Justicia.
El resultado en favor del fin de la despenalización y la legalización del aborto fue festejado en la calle por los partidarios «verdes», en su mayoría mujeres y jóvenes que siguieron el minuto a minuto de la sesión en las afueras del Palacio Legislativo.
La indefinición de algunos senadores que mantuvieron en reserva su posición hasta el último minuto hicieron que esta sesión sea una de las que mayores expectativas concitó no sólo en la opinión pública argentina sino en países de habla hispana.
Pocas leyes como esta -con excepción de la referida a la resolución 125 de retenciones para el campo, en 2008- llegaron al recinto con un resultado tan incierto y una paridad tal que hasta se especuló con que la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, podría llegar a tener que desempatar.
La transversalidad de la medida, que atravesó a las dos principales fuerzas políticas del país pero en general a toda la sociedad, transformó a esta norma en una de las pocas que logró trascender la llamada «grieta» que divide a los argentinos entre el peronismo y el antiperonismo.
Tanto en el debate de 2018 como en el de este año, legisladores del Frente de Todos festejando con sus acérrimos rivales de Juntos por el Cambio y, al mismo tiempo, los detractores del aborto, de bancadas opuestas, aunando esfuerzos para frenar la ley, fueron el rasgo atípico que marcó la discusión sobre el aborto desde sus comienzos.
Entre los partidarios del «no» en el Senado, la mayoría fueron miembros de la coalición Juntos por el Cambio. De los 29 votos en contra, 17 fueron de opositores y 16 del Frente de Todos mientras que entre los denominados «verdes» 26 fueron del FdT y sólo 11 de JxC.
Al igual que durante la sesión de la Cámara de Diputados, que votó a favor por 131 contra 117, la sesión del Senado fue seguida desde los palcos por diversas personalidades de la política y del gabinete como los ministros de Salud,Ginés González García y de Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Salud, Carla Vizzotti; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Convierten en Ley el Plan de los 1.000 Días de asistencia a niños y niñas
El proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el Plan de los 1.000 días, fue convertido en ley esta madrugada por el Senado de la Nación por unanimidad.
La iniciativa fue debatida al finalizar la discusión por el proyecto de ley del aborto que también fue sancionado de manera definitiva, tras más de doce horas de discusión.
El Plan de los 1.000 Días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
El proyecto extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
Por otro lado, se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
El proyecto busca afianzar el «derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad» para las «niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años», «personas que cursen embarazos de alto riesgo» o padezcan «trombofilia», «mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género» y «niñas y adolescentes embarazadas».
También se crea en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa «para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años».