Al parecer, luego del encuentro, los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y Basterra avanzaron en un entendimiento y en la firma de un acta de trabajo, cuyos principales puntos son garantizar el abastecimiento interno y mitigar efectos de cambios bruscos de precios internacionales que impactan en el consumo, y promover facilidades en el acceso a la producción”.
La propuesta podría anticipar la decisión oficial de reabrir el registro para la exportación de maíz, lo que implicaría destrabar el conflicto desatado luego de que el propio presidente Alberto Fernández decidiera la suspensión temporal del mismo.
El CAA es un polo de poder económico nuevo dentro del sector agropecuario, integrado por 57 cámaras patronales. La entidad tiene buena llegada al Gobierno y por tanto asume un rol dialoguista” dentro del sector, una postura que le es funcional a las autoridades nacionales para debilitar el poder de acción del ala más dura del campo, representada por la Mesa de Enlace, y desde donde se impulsa el cese de comercialización por tres días a partir del lunes próximo.
Por el Consejo de Agroindustrial, participaron de la reunión que se desarrolló en la sede de Agricultura el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), José Martins; el titular de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idigoras; el presidente de Maizar, Alberto Morel; y el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech.
Tras la reunión, Basterra expresó que «se logró poner a los diversos intereses particulares en virtud de un bien mayor y primordial como es el bien común, compatibilizando los intereses privados con la necesidad del Estado en garantizar los bienes esenciales a todos los argentinos, en el marco de la seguridad alimentaria”.
Asimismo, el funcionario destacó el entendimiento del sector como un avance que coloca a todos los actores «en condiciones distintas a la de semanas anteriores”.
Según indicó Agricultura en su momento, la suspensión del registro de nuevas Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE) de maíz se llevó a cabo para asegurar el abastecimiento interno del cereal, en especial, para los sectores que dependen de este insumo para alimentar a los animales, como pueden ser los criaderos de pollos, granjas de cerdos, los tambos o los feedlots.
En ese momento, la cartera precisó que hasta esa fecha se había autorizado la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas, es decir que se ha cumplido con el 89% del mismo.
«El objetivo de la medida es que las 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano, cuando la oferta de cereal tiende a escasear», indicó la dependencia a la hora de justificar la medida.
Sin embargo, desde el sector exportador esgrimieron que el volumen de existencias es mayor al considerado por el Gobierno y que el abastecimiento para el mercado interno estaba asegurado durante enero y febrero.
Así, desde el Centro de Exportadores de Cereales, estimaron el stock en 10 millones de toneladas, de las cuales se tenía previsto embarcar 1,2 millones.
A partir de esta situación, tres de las cuatro entidades integrantes de la autodenominada Mesa de Enlace – Coninagro no adhirió – decidieron convocar un cese de comercialización de granos desde el lunes hasta el miércoles de la próxima semana.