Las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, que el fin de semana pasado habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las condiciones inhumanas” en un Centros de Atención Sanitaria (CAS) de Formosa, fueron detenidas ayer mientras se manifestaban en la puerta de una escuela de la ciudad capital de la provincia.
Neme, enrolada en el peronismo disidente, y Ruíz Díaz, de la UCR, estaban manifestándose de manera pacífica en la puerta de la escuela N° 18 de Formosa junto a otros vecinos cuando fueron abordadas por varios efectivos policiales, quienes las esposaron y las llevaron a la Comisaría 1ª.
El reclamo estaba motivado por la situación de 19 personas, que son obligadas a realizar el aislamiento en ese colegio a pesar de haber dado negativo en sus tests de coronavirus.
Desde los primeros días del año, cuando la ciudad de Formosa –además de otras localidades de la provincia– volvió a Fase 1, las fuerzas de seguridad siguen un estricto protocolo por el que no se permite ningún tipo de aglomeración de personas o manifestación en la vía pública. En ese marco, oficiales de la Policía arrestaron a las concejalas, mientras eran grabados por los teléfonos celulares de los vecinos que también se encontraban en la puerta de la escuela.
Tras las detenciones, vecinos se acercaron hasta la Comisaria 1ra., en el centro de la ciudad capital, y exigieron su liberación, lo que ocurrió horas después.
Este viernes, en declaraciones a la prensa, las dirigentes opositoras relataron que durante la detención las tuvieron esposadas en celdas separadas e incomunicadas durante dos horas en la Comisaría Primera y que le negaron el derecho de llamar a un abogado.
Armaron un circo policial. Éramos 15 personas protestando y 40 personas policías con 7 camionetas, como si fuese un motín cuando en realidad eran familiares que esperaban información de lo que iba pasar con sus parientes”, precisó Ruiz Díaz en declaraciones radiales.
A su tiempo, Neme dijo que a pesar que las acusan de instigación pública”; ellas son conscientes de que la detuvieron por denunciar a Insfrán por privación ilegítima de la libertad. Como ven en las imágenes yo estaba contra la pared y me querían correr. ¿Desde cuando está prohibido salir a la calle? Y ahí me llevan por resistencia a la autoridad y violacion al artículo 205, que es la frutilla del postre. Soy abogada y estaba ejerciendo mi profesión”, explicó la concejala ante un canal de televisión, visiblemente molesta porque ni el Colegio de Abogados de Formosa, ni la Secretaría de DD.HH ni la Defensoría del Pueblo dijeron nada”.
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<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>PERSECUCIÓN POLÍTICA EN FORMOSA <a href=»https://t.co/QOICAgHhZj»>https://t.co/QOICAgHhZj</a></p>— gabriela neme (@gabrielaneme) <a href=»https://twitter.com/gabrielaneme/status/1352351849190477831?ref_src=twsrc%5Etfw»>January 21, 2021</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>
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Todo esto pasa por las decisiones políticas de Insfrán. La política sanitaria de la provincia es una decisión del gobernador. Los formoseños estamos acostumbrados a ver situaciones de violación a los DDHH. Estamos hablando de una las provincias más pobres del país, con los índices más altos de analfabetismo y mortalidad infantil”, sentenció Ruíz Díaz.
Las acusaciones de condiciones inhumanas” y hacinamiento a la que son sometidas las personas que se encuentran en los centros de aislamiento provinciales provocó una serie de manifestaciones en contra de la decisión de obligar a formoseños a confinarse en una escuela a pesar de haber dado negativo de coronavirus.
Sobre el hecho también se pronunció Amnistía Internacional, que por medio de un comunicado alertó por la violación de los derechos humanos en la provincia que gobierna el dirigente peronista desde el año 1995 y reclamó la intervención del Poder Ejecutivo Nacional.
«Amnistía internacional reclama a las autoridades de la provincia de Formosa que todas sus medidas para combatir la pandemia del COVID-19 sean respetuosas de los derechos humanos. La organización realiza un nuevo llamamiento luego de haber recibido denuncias sobre las medidas de cuarentenas estrictas en Centros de Atención Sanitaria (CAS)», señaló en un primer párrafo.
Entre diferentes problemas, las denuncias advierten que:
*Se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con COVID-19 positivo (con síntomas leves o asintomáticas) con personas que no tienen COVID-19 , exponiéndolas al contagio.
*En muchos casos, a las personas no se les brindaría información de su situación de salud, o se lo hace de palabra sin tener acceso a los resultados de sus test COVID-19, se les harían varios hisopados sin que se le pida consentimiento, resultando todo ello violatorio de su derecho a la información, al consentimiento informado, a la salud, entre otros.
*La duración de las cuarentenas en los CAS en algunos casos habría excedido los 14 días, llegando incluso a los 30 días. Además, las personas no tendrían suficiente acceso a información sobre el tiempo que permanecerán alojadas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento.
*Se obligaría a permanecer en los CAS a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares.
*Las fuerzas de seguridad trasladarían compulsivamente a las personas a los CAS.
*Los CAS estarían custodiados las 24 hs. por personal policial mientras que el personal de salud solo se presentaría una o dos veces al día.
*Los CAS, localizados en escuelas o estadios, no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus y respetar la dignidad de las personas, permaneciendo más de 200 personas en un estadio, sin intimidad, ventilación, espacios de recreación y compartiendo los sanitarios. En muchos casos, esos espacios resultan contraproducentes para evitar la generación del virus y exponen a las personas al contagio.
*Muchas personas serían obligadas a permanecer allí, sin brindar su consentimiento. Algunas han sufrido crisis, angustia y depresión y no han sido atendidas adecuadamente.
Estos hechos se suman a la situación de extrema precariedad que debieron atravesar las personas varadas que fueron impedidas de reingresar a territorio jurisdiccional durante meses. En octubre pasado, Amnistía Internacional ya había alertado por las más de 8000 personas varadas que no podían regresar a Formosa desde el inicio de la emergencia sanitaria.
Juntos por el Cambio le pidió a la CIDH que intervenga
Los presidentes de los bloques legislativos de la UCR, Luis Naidenoff (Senado) y Mario Negri (Diputados) presentaron este viernes una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se frenen los aislamientos compulsivos” en los centros especiales ubicados para los casos sospechosos y confirmados de coronavirus.
Según describieron, los centros de aislamiento no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort, además de no realizar un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de esta enfermedad potencialmente mortal”.
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<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>La situación en Formosa es gravísima. Hicimos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que las personas aisladas puedan realizar la cuarentena en sus domicilios y se garanticen sus derechos fundamentales que hoy están siendo vulnerados. <a href=»https://t.co/dU5jZDrDTC»>https://t.co/dU5jZDrDTC</a></p>— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) <a href=»https://twitter.com/marioraulnegri/status/1352636866009444353?ref_src=twsrc%5Etfw»>January 22, 2021</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>
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