En la jurisdicción federal de Córdoba hay nueve magistrados que tienen acordado el beneficio jubilatorio y siguen en funciones. Son los jueces de primera instancia Ricardo Bustos Fierro, Alejandro Sánchez Freytes, Roque Rebak (Villa María) y Daniel Herrera Piedrabuena (La Rioja); los camaristas Ignacio Vélez Funes y Luis Rueda, y los jueces de Tribunales Orales Carlos Lascano y Jaime Díaz Gavier. Entre los fiscales, el único es Alberto Lozada.
Hasta el viernes pasado, ninguno había sido intimado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para presentar la renuncia o desistir del haber acordado por el organismo previsional, según lo establece una resolución fechada el 8 de febrero último, que saltó a la luz la semana pasada. De acuerdo a lo revelado por la periodista María Ester Romero, esos jueces federales de Córdoba están analizando” las más de 40 páginas de la resolución de Anses, perplejos y con la expectativa de una avanzada colectiva de los que resulten afectados en todo el país.
Nadie tiene bien en claro el alcance de la decisión administrativa y mencionan que los derechos jubilatorios ya fueron acordados y, por lo tanto, eso no se puede modificar. El camarista Rueda dijo que esperan las notificaciones y que la semana próxima se reunirán para analizar la situación planteada. La resolución PREV-11-46 tiene como objetivo establecer un procedimiento de trabajo que regule la iniciación, resolución, liquidación, puesta al pago y reajustes de beneficios solicitados por magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público de la Nación”.
Y advierte que, en los casos de magistrados que no presentaron su renuncia, Anses revisará el expediente y se reservará la potestad de archivarlo o de tomar las medidas previstas en la ley 24.241, que regula las jubilaciones de jueces y fiscales. Las notificaciones no fueron cursadas a todos pero es una decisión tomada”, publicó la agencia Télam citando fuentes del organismo estatal. Agregó que en cada caso los intimados tendrán 30 días para dimitir en el cargo que ocupan o retirar la carpeta de la jubilación que dejaron stand by. Los magistrados tienen la obligación de iniciar sus trámites para jubilarse a partir de los 60 años, de modo de que el trámite se haga efectivo apenas presentan su renuncia.