El Gobierno nacional y las 24 jurisdicciones del país suscribieron ayer el acta compromiso Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El acto en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno estuvo encabezado por el presidente Alberto Fernández, acompañado por las ministras de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la de Justicia, Marcela Losardo.
En su discurso, el jefe de Estado volvió a remarcar su voluntad de reformar la Justicia y mencionó dos femicidios de gran resonancia a nivel nacional: La reacción estatal frente a los femicidios es lenta o no existe”, señaló y recordó los casos de los crímenes de Úrsula Bahillo y de Micaela García. Por eso convocó a los gobernadores y gobernadoras a armar una política de Estado” conjunta para abordar la problemática.
En concreto, en el documento gobernadores, gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometieron a integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales” dotándolas de más recursos y herramientas”.
Además, se explicó, se buscará promover que el Poder Judicial de cada provincia avance con las transformaciones necesarias para la incorporación de la perspectiva de género a su funcionamiento; fortalecer los espacios de formación para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias en casos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad”.
También, los gobiernos se comprometen a garantizar que los establecimientos de salud cuenten con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género”. Para eso, los distritos trabajarán de manera coordinada y conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando recursos, políticas y acciones en el marco del Plan Nacional de Acción contra la violencia por motivos de género 2020-2022.
Oficialmente se remarcó que el proyecto de Presupuesto 2021 contempló partidas por un monto total de 1,3 billón para distintas áreas de gobierno que llevan adelante políticas de género. A su vez, previó gastos por un monto estimado en 8 billones y las partidas destinadas a políticas de género representan el 15,2% del total, por un monto equivalente al 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI).
Paro y movilización de mujeres en el 8M
Colectivos feministas, agrupaciones políticas, sindicales, movimientos sociales y ciudadanas independientes autoconvocadas se movilizaron ayer en todo el país en el marco del 8M” para protestar contra la ola de femicidios, travesticidios y la violencia de género en general. En la Capital Federal, el epicentro de la marcha, miles de mujeres se concentraron en Plaza de Mayo y a lo largo de la avenida de Mayo hasta el Congreso de la Nación, donde finalmente confluyó la movilización.
En el cierre de la jornada, que se dio en el contexto del Paro Internacional de Mujeres, las organizaciones leyeron un documento que puso sobre la mesa una serie de demandas, entre ellas, una reforma judicial feminista, con paridad en la justicia y aplicación efectiva de la Ley Micaela. Además, exigieron mayor presupuesto para los programas dirigidos a prevenir y combatir las situaciones de violencia de género y que se garantice tanto la aplicación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos como la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Para Gómez Alcorta revertir el flagelo dependerá de cambios en el Poder Judicial
El aumento de los femicidios en los últimos meses hizo que el foco de las conmemoraciones vuelva a estar este 8 de marzo en la violencia por razones de género. Al respecto, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta reflexionó ayer que el fin de la violencia contra las mujeres y disidencias es de carácter cultural” y que, por lo tanto, llevará tiempo” porque no se puede resolver de manera mágica”, pero que -mientras tanto- el Estado tiene que adoptar políticas activas y destinar recursos a la cuestión. Hay que dotar de recursos y entender que esto no se puede resolver de una manera mágica. Es un tema complejo que involucra a las policías, a las justicias, a los (poderes) ejecutivos, a los municipios, a las provincias y a la Nación”.
Respecto del acuerdo federal suscripto por los mandatarios provinciales y el Presidente, la funcionaria destacó el establecimiento de pisos mínimos” en todas las jurisdicciones, con especial foco en la concreción de un sistema único de denuncias en el que se pueda poner el DNI de una persona y se pueda saber si hay otras denuncias” de violencia de género. Recordó, en ese sentido, que la Corte Suprema de Justicia está en deuda” con la capacitación ordenada por la Ley Micaela y afirmó que sería bueno que el máximo tribunal argentino diera el ejemplo” en ese sentido.