La iniciativa fue fruto de los consensos alcanzados en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en noviembre de 2020, cuando se firmó por unanimidad un dictamen unificado, el cual perdió estado parlamentario este año.
El proyecto establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la «regulación, reducción, sustitución y prohibición de manera progresiva» de productos plásticos de un solo uso, a fin de prevenir y reducir el impacto en el ambiente, fomentar la transición a una economía circular e incentivar la producción de sustitutos reutilizables y biodegradables».
Concretamente, la iniciativa fija «plazos progresivos de prohibición para la entrega, el ofrecimiento a la vista, la importación, la distribución, comercialización y producción de los productos alcanzados, que llegan a los tres años», al tiempo que «apunta a consagrar por ley la prohibición inmediata de estos plásticos en zonas de mayor protección, como las que integren el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, emulando lo que ya ocurre en otras partes del mundo».
Los productos plásticos de un solo uso son aquellos diseñados para ser utilizados una sola vez y luego ser descartados, por lo que no son reutilizables ni se reciclan por su baja rentabilidad.
«Estamos convencidos de que la Argentina tiene que avanzar como lo han hecho muchos países del mundo en regulaciones que establezcan de manera progresiva la prohibición de los plásticos de un solo uso por su efecto dañino en el ambiente y su impacto en los ecosistemas. Creemos que debe hacerse en el marco del diálogo con todos los sectores, con las organizaciones de la sociedad civil y con referentes de la industria», resaltó Austin, vicepresidenta de la Comisión y principal impulsora de la iniciativa.
En los fundamentos del proyecto se indica que Argentina tiene un consumo de plástico anual por habitante estimado en 43 kilogramos, en tanto que la tasa de reciclaje ronda en apenas un 15%.
La situación provoca contaminación por la presencia de plásticos y microplásticos en los cursos de agua, y luego esto genera un impacto en la comida: «se calcula que consumimos el equivalente a 21 gramos al mes, lo que representa una tarjeta de crédito a la semana», advierte el proyecto. .
«Existe una gran deuda con el reciclado y la separación de residuos, pero aún en la hipótesis de que eso funcione hay un conjunto de productos plásticos que están diseñados para estar en nuestras manos apenas unos minutos y permanecer cientos de años en el ambiente. Este proyecto de ley apunta específicamente a la prohibición progresiva de esos elementos absolutamente evitables para reducir los residuos que generamos», remarcó la cordobesa.
Además de Austin, estamparon su firma en el despacho los diputados Leonardo Grosso, Maximiliano Ferraro, Enrique Estevez, Camila Crescimbeni, Federico Zamarbide, Florencia Lampreabe, Paula Oliveto Lago, Josefina Mendoza, Federico Frigerio, Luis Contigiani, Martín Berhongaray, Daniela Vilar, Alicia Fregonese y Gustavo Menna.