Un juez del fuero federal ordenó al Gobierno porteño que suspenda las clases presenciales hasta que la Corte Suprema resuelva el litigio por el funcionamiento del sistema educativo capitalino en la pandemia, pero la administración de Horacio Rodríguez Larreta desconoció el fallo y ratificó el mantenimiento de la asistencia a las aulas.
Al mismo tiempo, los gremios docentes UTE y Ademys resolvieron continuar este miércoles con el paro de actividades contra la postura del Gobierno local, por lo que, más allá de la disputa judicial, igualmente las clases se verán resentidas.
Y el gremio de la docencia privada, Sadop, resolvió mantener el dictado de clases virtual durante esta etapa de la pandemia de coronavirus.
En su fallo, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari declaró la incompetencia de la Justicia porteña en el expediente abierto por el tema de las clases presenciales o virtuales.
Así, envió la causa a la Corte Suprema, lo cual dejó sin efecto la medida cautelar planteada por padres y madres de alumnos contra el DNU del Gobierno nacional y a favor de la presencialidad en las aulas, que había sido avalada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña, ratificaron fuentes judiciales.
A última hora del martes, y después de una reunión de urgencia, el Gobierno porteño dijo que «hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida, las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúan con clases presenciales», se informó en un comunicado, difundido pasadas las 22.
Añadió que «corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad (en lo Contencioso Administrativo y Tributario) hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
Y reiteró que «el Gobierno de la Ciudad ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial como hasta el día de hoy (por ayer)».
La Corte había asumido la «competencia originaria» para resolver la demanda de «inconstitucionalidad» presentada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada en rechazo del DNU 241/2921 del Poder Ejecutivo Nacional.
La resolución del juez Furnari que declaró la incompetencia de la Justicia porteña, se conoció tras la presentación del Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini, en el fuero Contencioso Administrativo Federal y es «inapelable» porque «remite» su resolución a la Corte Suprema nacional, añadieron los informantes.
Los abogados del Estado habían planteado la «nulidad por falta de competencia» de la resolución de la cámara porteña a favor de la presencialidad de las clases.
El juez se expidió y dejó sin efecto la medida cautelar a favor de la presencialidad en las aulas avalada por la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario porteña.
Con este panorama, la Procuración del Tesoro de la Nación pidió la inhibitoria de la justicia porteña y que se mantenga la aplicación del decreto presidencial que suspendía las clases presenciales por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para mitigar la posibilidad de contagios de coronavirus ante un escenario de crecimiento exponencial de los casos.
El planteo de la oficina de los abogados estatales fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2 de Furnari.
Por su parte, la Corte, tras declararse competente para analizar la presentación de la Ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales en el distrito, anticipó que le dará un trámite acelerado al expediente para resolver la cuestión.
El fallo de Furnari pone de manifiesto que los jueces de la Ciudad de Buenos Aires se pronunciaron respecto a un tema «en el que no eran competentes y generaron confusión e incertidumbre en la sociedad» respecto al motivo por el cual el Gobierno nacional suspendía las clases presenciales por un plazo 15 días, que tenía que ver con motivos epidemiológicos y de política sanitaria ante la segunda ola de contagios, señalaron fuentes consultadas por Télam.
Apuntaron además que «el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó este fallo a su conveniencia y basó su decisión de regresar a la presencialidad en las aulas en su distrito, dando lugar a un fallo que constituye un estrago jurídico», porque «la justicia porteña es incompetente para expedirse sobre un DNU que tiene carácter nacional».
«Se trataba de medidas de política sanitaria en un contexto de pandemia. La ciudad de Buenos Aires debería haberse adecuado a la norma que fue promulgada en el Boletín Oficial el pasado viernes», agregaron.
El fallo del domingo, a favor de la presencialidad en los colegios, generó el rechazo de los gremios docentes, que convocaron a la huelga, que tuvo alto acatamiento en las escuelas públicas y actividad dispar en los establecimientos privados.