Por Mercedes Grimaldi
A la investigación «La reacción conservadora en Argentina» le faltó un capítulo: la Justicia de Córdoba.
Si bien el macrismo supo definir en sus mesas chicas de café a Córdoba como una provincia feudal, poco y nada hizo para intentar cambiar esa categorización. Mauricio Macri hizo cuentas y observó que un pacto con Juan Schiaretti le sobraba para taparse de votos, y hasta allí llegó su misión en Córdoba: una mirada centrista, cargada de lástima por un pasado que hoy es toda una referencia de lo que ya no existe.
El kirchnerismo, primero con Néstor y Cristina, y ahora -atenuado- con Alberto, no escapa a la misma lógica. Sabe que Córdoba está alambrada” por Schiaretti, y ha aprendido que lo mejor es no jugarle de frente.
Córdoba, en la que los periodistas locales ya se atreven a hablar de sucesores naturales” de Juan, olvidando las urnas y la lucha partidaria, parece encerrada en una lógica peronista liberal. En esa lógica, la Justicia hace tiempo que se configuró al gusto y antojo de los que gobiernan.
Hace tres semanas un escándalo de espionaje sacudió a Tribunales. Dos policías, descalzos para no hacer ruido, fueron descubiertos espiando detrás de la puerta donde el fiscal general, Juan Manuel Delgado, un jurista proveniente de sectores católicos, mantenía una reunión reservada con el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, un peronista nuevo” a quien un sector del delasotismo aún no le perdona su ya lejana incursión en el juecismo, aquella frustrada idea política que prometía renovar el bipartidismo cordobés, y terminó haciéndole el caldo gordo cada vez que el poder lo necesitó.
Poco y nada se supo de aquel espionaje. Y mucho menos, de qué platicaron Delgado y Mosquera, dos varones de zapatos finos y medias de seda, en medio de un hermetismo que el espionaje policial hizo que saltara a la luz.
Mosquera -creyeron algunos incautos adictos a los discursos fáciles- había ido a limar asperezas, luego de haber responsabilizado al fiscal Andrés Godoy por hacer justamente su trabajo: identificar a los que pretendían violar la cuarentena.
Pero, en realidad, ese asunto poco interesaba a Delgado y Mosquera. Ese jueves, en medio de la reunión reservada, se activó uno de los implacables operativos de salvación con los que la conservadora Justicia cordobesa tiene acostumbrado al poder.
Luego de que el comisario Gonzalo Cumplido denunciara que había un complot político y judicial detrás de su imputación en el caso Blas Correas, y que hasta le prometiera a la madre de la víctima que iba a contar toda la verdad, ocurrió el milagro judicial: menos de 24 horas después de la reunión entre Delgado y Mosquera, el fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, llamó a Cumplido para que ampliara su declaración, y 72 horas después lo sobreseyó.
Siguiendo el guión de esa justicia politizada, 10 días después, el juez de Control, Gustavo Hidalgo -padre de varios fallos sin vergüenza en el fuero Anticorrupción- firmó el sobreseimiento definitivo. Un trámite exprés, que logró su cometido: Cumplido jamás contó «toda la verdad».
Mondino, se sabe en Tribunales, es un fiscal afín al ex fiscal General, Darío Vezzaro; un varón de impecables trajes, que aún pisa fuerte en Tribunales.
Junto a su socio, Eduardo Gómez Caminos, que sería familiar de un importante miembro del Ministerio Público Fiscal, fueron los primeros defensores de Cumplido, quien luego buscó al penalista Carlos Nayi.
Vezzaro también defiende a otra funcionaria pública en problemas por el caso Blas Correas: Ana Becerra, presidenta del Tribunal de Conducta Policial.
Imputada por el otro fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini, Becerra ya declaró y dijo que la culpa era de la Policía. O sea, apuntó contra Mosquera. Y también dejó flotando la sensación de que puede contar algo más.
A menos que ahora también, en tiempo récord, algún fiscal sin rubor termine por firmar su sobreseimiento exprés. O espresso”: rápido, oscuro y negro, como el café.