El Senado aprobó este jueves el proyecto de ley que crea un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. La iniciativa obtuvo 56 votos positivos, 5 negativos y una abstención, por lo que quedó en condiciones de ser tratada en la Cámara de Diputados.
Se trata de un nuevo marco legal para ordenar y promover la actividad, ya que la ley actual 27.350 creada en 2017 habilitó la producción local pero en muy baja escala y de forma experimental, y no estuvo pensada en términos de desarrollar una verdadera industria alrededor del cannabis y la planta de cáñamo.
La iniciativa propone regular los distintos eslabones productivos, la comercialización del cáñamo industrial y sus subproductos, como fibras textiles, ropa y calzado, papel, alimentos, cosméticos, materiales para la construcción y otros tantos, pero no legisla sobre el consumo «recreativo» de cannabis, lo cual sigue estando prohibido por la ley de estupefacientes vigente (23.737).
El marco normativo busca «desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad».
Entre sus puntos más salientes, la norma propuesta contempla la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo que tendrá la función de «regular -entre otras- la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales».
Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de «maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos».
En el otorgamiento de las licencias, la ARICCAME contemplará «el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos productores agrícolas».
El proyecto también contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las reglamentaciones: desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.